Control, Alternativa y Suprimir: crisis y ruptura institucional en España 4

MUNDO: Hay que formatear todo el sistema institucional español, a través de un nuevo constituyente que recupere el valor de las instituciones democráticas y con ello la confianza pública.

Eduardo Alvarado Espina

Los diputados asistiendo a una sesión parlamentaria en el Congreso. Fuente: republica.com

Los diputados asistiendo a una sesión parlamentaria en el Congreso. Fuente: republica.com

Muy poco se ha escrito y hablado en los medios de comunicación sobre la aparente crisis institucional que atraviesa al sistema político español –desde sus bases fundamentales hasta los objetivos mismos del orden constitucional- como consecuencia directa de la deslegitimación que afecta a sus instituciones de representación.

Tal y como puede inferirse de las respuestas dadas en las dos últimas encuestas del CIS, (noviembre de 2012 y enero de 2013), una gran mayoría de ciudadanos manifiestan una profunda desconfianza respecto a una “clase dirigente” que se queda sin respuesta ante una crisis económica que genera incertidumbre y pauperiza sus vidas. Es así que esta aparente incapacidad del gobierno, junto con la desconfianza ciudadana, ha desencadenado la ruptura de la convivencia político-social, después de tres décadas de funcionamiento de la democracia postfranquista, poniendo en tela de juicio todo el consenso político-cultural alcanzado durante los años de la transición.

La corrupción y crisis del consenso político del 78’

 Para comenzar, el consenso institucional español –de contenido socialdemócrata y liberal, tanto por las características de su modelo de representación como por la estructura que adopta su sistema social- se sostuvo en función de una perspectiva política moderada de la transición a la democracia, donde la clase política concibió un acuerdo que reformó la institucionalidad política de la dictadura sin llegar a una ruptura total con la misma. Es más, el último Presidente del Gobierno de la dictadura fue confirmado una vez inaugurado el régimen democrático, mientras que el Rey Juan Carlos, como Jefe de Estado designado por Franco, fue legitimado constitucionalmente.

Por su parte, el modelo socialdemócrata facilitó la alianza entre los sectores medios y bajos de la población, al universalizar derechos sociales como salud y/o educación,eduardo2 alcanzándose la cohesión social que se requería para dar estabilidad al sistema político y legitimidad a sus actores (partidos, medios, sindicatos, empresas) desde abajo.

Asimismo, la construcción de un Estado de Bienestar limitado (y tardío) en España, junto a un sistema democrático liberal, permitió la asimilación, por parte de los sectores medios de trabajadores (funcionarios, profesionales, académicos), del cambio de valores materiales por otros postmateriales (Ronald Inglehart; 1977;1991;2006) –una superación de los valores materiales ya satisfechos (trabajo, educación, seguridad pública)- que llevaron a la sociedad a plantearse cambios en favor de nuevas demandas relacionadas con asuntos más intangibles: igualdad de género, libertad individual, ecologismo, libertad sexual, etc. No obstante, el modelo político y económico iba mostrando su incapacidad de cuajar ante las nuevas demandas de los sectores medios y, peor aún, imposibilitando que la expresión mayoritaria de la sociedad fuese atendida por sus gobernantes (caso Prestige, Guerra de Irak, etc.). De esta forma, mientras todo parecía funcionar, más allá de las críticas de “los inconformistas de siempre”, la élite dirigente no tomó nota de asuntos que, una vez instalada la crisis material (económica), se volvieron evidentes.

Con la irrupción de la crisis económica en 2008, los asuntos que se postergaron o que no se consideraron relevantes como la corrupción en Ayuntamientos, Diputaciones, Comunidades Autónomas, Partidos Políticos e incluso en la Monarquía, sumado a la falta de controles institucionales sobre la acción política de los gobiernos, se transformaron en los factores que han eliminado la poca confianza societal que aún sobrevivía. El orden político-social creado desde la Transición es el que ya no responde, colapsado por un modelo de desarrollo económico basado en la especulación financiera del ladrillo y un sistema político que es incapaz de dar cabida a la expresión real del electorado, al fomentar el voto útil y la sobrerrepresentación.

Si bien es cierto no todas las personas en política son corruptas, la imagen de unos pocos dirigentes ha conseguido imponer un manto de dudas sobre todos los demás, y este manto es el que ha ido cubriendo a cada partido político. Por supuesto, lo que subyace a este fenómeno es una institucionalidad estatal que carece de controles adecuados y una cultura del aprovechamiento (sobre todo de grandes empresas)[i] para satisfacer sus intereses particulares.

Reinventar la institucionalidad para recuperar la democracia.

 En la actualidad –a un año del finalizado y denostado gobierno de Zapatero- la situación ha empeorado. Hasta ahora, lo obrado por el Gobierno del PP no ha hecho más que acentuar la sensación de tragedia griega en la población, socavando aún más la confianza pública que requiere un sistema democrático para poder legitimar las actuaciones del Estado. La falta de consenso en el momento de adoptar las cada vez más injustificadas medidas de ajuste económico –existe un déficit de control político por parte del Congreso hacia el Gobierno, en términos de la Teoría de Agencia (Sánchez de Dios; 2006; 2009)-, más el flagrante incumplimiento de un programa electoral (una verdadera estafa a la fe pública), el abuso constante de medidas legales excepcionales y, ahora último, la posible financiación ilegal del partido y sus dirigentes, por mencionar lo más importante, son  hechos que han ido dinamitando aún más la credibilidad del gobierno y, junto con él, la de todas las instituciones de representación política.

Sin embargo, lo más significativo es la destrucción de todo sentido común, de cualquier lógica de bienestar en los cambios adoptados, caracterizados por ser totalmente regresivos, tanto para la seguridad económica como para el resguardo jurídico de los derechos sociales de los ciudadanos. Todo esto queda en evidencia cuando se aprueba una amnistía fiscal, se aumentan las tasas judiciales, se rebajan las pensiones, se aumenta el IVA, se quita la paga extra de los funcionarios, se privatiza la salud pública, se deja sin recursos para investigación a las universidades públicas, se triplican las tasas universitarias y se comienza a cobrar “un euro por receta” con afán recaudatorio (medida última que el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto en Cataluña y en Madrid). Es así como se destruye gran parte del sistema de protección y cohesión social de España, volviéndose nuevamente a las inseguridades materiales de otra época. Y todo en nombre del ajuste económico, justificándose en el “aunque no guste, es lo que hay que hacer”, evitando explicitar que las verdaderas razones, como en todos los países en que se han adoptado, son ideológicas (Tony Judt; 2009).

Manifestación de la huelga general el 14 de noviembre de 2012. Fuente: Balma Costa

Huelga general el 14 de noviembre de 2012. Fuente: Balma Costa

No sólo se requiere un nuevo marco jurídico que transparente e implemente controles más duros en la acción de la Administración, logrando desmontar la “legitimidad discursiva del consenso democrático de la transición” (del Águila, Rafael; 1992). Sino algo más profundo. Quizás sea el momento para que un nuevo Constituyente dé inicio a un nuevo proceso institucional, tomando el control de los cambios que se requiera efectuar, asumiendo la crisis como una oportunidad; dando alternativas que estén en sintonía con la mayor parte de los ciudadanos; suprimiendo aquellos elementos que socavan la credibilidad del sistema democrático (haciéndolo económica, social y culturalmente participativo). En definitiva, hay que presionar las tres teclas que detienen el cambio para reiniciar todo el sistema: control, alternativa y suprimir.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Águila, Rafael del, “La transición a la democracia en España: reforma, ruptura y consenso”, Revista de Estudios Políticos”, Madrid, (1982).

Águila, Rafael del. “La dinámica de la legitimidad en el discurso político de la transición”, pág. 47, en Cotarelo, Ramón (compilador). “La transición política y consolidación democrática en España (1975-1986)”. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, (1992).

Bonnie, N. Field, “Descongelando la Democracia: el descenso de la colaboración interpartidista en España (1977-2004), Revista Española de Ciencia Política N° 19, (2008).

Soto, Álvaro, “Transición y Cambio en España 1975-1996”,  Alianza Editorial, Madrid, (2005).

Ley para la reforma política u octava ley fundamental del franquismo, (1975).

Inglehart, Ronald, “Modernización y posmodernización: el cambio cultural, político y económico en 43 sociedades”, (2006).

Sánchez de Dios, Manuel, ¿Cómo se  combaten las asimetrías de información en el régimen parlamentario? (Un estudio comparado de Francia, Italia y España), Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, (2009).

Judt, Tony, “Algo va Mal”, Editorial Taurus, (2009).


[i] En términos procesales los casos Gürtel y NOS. En términos gráficos, hay que remitirse a la composición de los directorios y las asesorías varias en las grandes empresas del IBEX 35.

 

Anuncios