Lo que suceda el 1-O en Catalunya no hará más que acentuar los anhelos independentistas, se realice o no el referéndum; se imponga o no la hoja de ruta de los partidos que apuestan por la secesión. También será el momento en que la guerra de posiciones se consume mediante el choque de legitimidades del poder democrático: legalidad y voluntad popular.
El relato de los partidos políticos y asociaciones civiles independentistas se basa en dos discutibles supuestos. El primero, desde el cual se justifica el derecho a decidir, es que el Estado español ha sometido y relegado históricamente a los catalanes. El mensaje de “España nos roba e impide que la voluntad de la mayoría se exprese” ha calado en un gran número de ciudadanos, gracias también a la inestimable e interesada colaboración de ese franquismo sociológico que caracteriza al PP.
El segundo, es la afirmación de que existen preceptos del derecho internacional que brindan cierto halo de legitimidad a la vía escogida para el referéndum, por encima de la Constitución. En este sentido, la apelación al derecho a la autodeterminación se lleva la palma por su banalización. Un derecho que sólo aplica cuando los derechos humanos de un pueblo son conculcados por una fuerza nacional o extranjera cuyo territorio ha sido ocupado –colonizado. ¿Es sensato señalar que esta es la realidad objetiva de Catalunya? Si se pensara que sí, entonces cabría preguntarse ¿en qué se parece esa realidad a la del pueblo saharaui, palestino o kurdo? Más…
