OPINIÓN: El 9N ya ha pasado. La tensión jurídico-política por la celebración del proceso de participación ciudadana en forma de consulta popular sobre el futuro político de Cataluña se ha mantenido hasta el último momento con la anulación del proceso y la desobediencia de las instituciones catalanas. El escenario post 9-N consiste en una lucha por la opinión pública entre el independentismo y el unionismo; una lucha en la que poco interesan los hechos tal y como han acontecido.
El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en Cataluña un proceso de participación ciudadana que bien puede suponer un fiel reflejo de su compleja realidad sociopolítica. Si bien por un lado era una manifestación política cargada de simbolismo que debería poder acogerse al derecho de lalibertad de expresión, era también un acto político ejecutado por las instituciones catalanas del Estado que contravenía el ordenamiento jurídico, incurriendo incluso en la desobediencia al tribunal más alto del país. Debido, precisamente, a esa maraña explicativa en la que categorizar el proceso del 9N, las interpretaciones a sus resultados también son confusas y múltiples.
Por un lado, el soberanismo catalán se congratula de haber conseguido no sólo llevar a cabo un ejercicio democrático de participación popular, sino también del 80,76% de votos a favor del Sí-Sí, que se traducen en un apoyo a la independencia de Cataluña. Por otro lado, el «constitucionalismo» —entendiéndose como el colectivo catalán y del resto de España contrario al 9N— se aferra a la ilegalidad de la consulta para restar importancia a los argumentos de los sectores soberanistas. En este sentido, los titulares de prensa el 10 de noviembre variaban desde el triunfalismo hasta la acusación delictiva pero, más allá de la batalla de opinión, destaca el hecho de que ambas posturas están siendo hipócritas en sus argumentos.
