El público interés privado de la élite chilena

Eduardo Alvarado

OPINIÓN: El desarrollo del poder ejecutivo del gobierno […] no significa solo la ampliación del gobierno como una burocracia autónoma; significa el ascenso del hombre corporativo como conciencia política (Mills, 1957)[i]. 

En Chile, el sentido común exige la destitución del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos[ii], al encontrarse éste administrativa y políticamente cuestionado para desempeñar su cargo, tanto por haber asesorado a una empresa en la evasión de impuestos antes de asumir dicho cargo público, como por tener una vinculación contractual vigente con quienes se beneficiaron de esa evasión. Sin embargo, quien lo designó en su momento, el Presidente de la República, no es capaz de reaccionar de forma adecuada.

Podría tratarse de un problema de legitimidad pública más, pero para este Gobierno eso no es así.

Esta situación es mucho más que una circunstancia recurrente dentro de la actual Administración, es más bien un hecho de la causa del directorio corporativo que gobierna el país. Se trata de un eslabón más de la cadena de hermandad que atraviesa a la coalición de derechas en Chile, ese que les obliga a designar a los empleados meritocráticos de la élite en puestos sensibles del poder ejecutivo.

Conocidos son los casos de ministros de Estado que decidían proyectos de ley o que votaban en los espacios político-institucionales favoreciendo los intereses corporativos de sus ex-empleadores, sin encontrar en ello ninguna incompatibilidad manifiesta. Es más, cuando directamente se les acusaba de tener un conflicto de interés, sólo respondían diciendo que cumplían con lo que el cargo les imponía.

El Estado al servicio del interés corporativo

Los conflictos de interés de la derecha chilena surgen de su propia naturaleza constitutiva, del hecho de que cada uno de sus altos dirigentes (líderes empresariales y políticos) provienen de la misma matriz social y cultural, están todos relacionados desde su infancia, al haber estudiado en los mismos cuatro colegios privados, en las mismas dos universidades y trabajando en los mismos directorios corporativos. Se ven a sí mismos como la élite, los dueños del dinero, la política y el espíritu de la nación. En cierto modo están convencidos de que, adaptando la tan citada frase de Charles E. Wilson[iii], «Lo que es bueno para Chile es bueno para la Confederación de Producción y Comercio, y viceversa».

Es la cultura de la élite chilena, que está convencida de que política y negocios no son incompatibles, como lo demuestra la injustificable frase de Teodoro Rivera[iv] -cuando no encontraba más argumento para cuestionar su obligada renuncia- «se iba a tener que buscar directivos públicos en el Hogar de Cristo».

Sólo comprenden, desde su socialización más temprana, que el interés de la familia y el de sus amigos es sinónimo del interés común, estableciendo que sus privilegios y fines han estado siempre unidos a los de la nación. Para ellos no existe la incompatibilidad ni la corrupción, esos son conceptos aplicables a los otros, a los que no pertenecen a su camarilla de rancio abolengo.

Para esta élite económica y política no existe (ni ha existido) conflicto de interés alguno en el manejo del Estado, por parte de sus empleados meritocráticos –siendo el Presidente Piñera uno de sus mejores exponentes- pues ese Estado fue constituido por ellos justamente para satisfacer los intereses comunes de la nación o los de su grupo, que para estos efectos es lo mismo.

En fin, que el conflicto de interés no es de ellos, el conflicto es el interés púbico. Como bien lo resume la defensa que Carlos Larraín hace del Director del SII: “Julio Pereira es un funcionario que ha hecho su trabajo en forma muy profesional y muy digna, siempre en defensa del interés del Estado. Lo conozco en lo personal y es un hombre muy honrado y valioso”.

Así se ha ido construyendo este país durante los últimos 200 años. Desde su independencia hasta hoy en día, terratenientes y alta burguesía han copado con sus intereses particulares las más complejas decisiones del Estado, pasando por favorecer sus estancos privados (1833), hacer una guerra contra los países limítrofes (1879), cometer un genocidio contra el pueblo mapuche (1883), asesinar obreros en el norte del país (1907) o realizar un golpe de Estado (1973), hasta quedarse con las grandes empresas públicas (desde 1977 en adelante) y la explotación de los recursos naturales hoy en día (el litio, el agua o la pesca), con el objeto de seguir enriqueciéndose. En consecuencia, no ha habido, ni hay más interés público que el beneficio de esta misma élite.