Jennifer Montoya Betancourth
OPINIÓN: Hoy se estrena en el Festival de Cine de Cartagena, la polémica película que más que contar la historia de un pequeño en cautiverio, refleja la situación de los más de cinco millones de desplazados internos en Colombia
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Estando en España tuve la fortuna de ver Operación E, la película que ha estado en el epicentro del debate por cuenta del intento de la exsecuestrada colombiana, Clara Rojas, de evitar su exhibición; curioso intento, sobre todo viniendo de una víctima.
Como espectadora, pero sobre todo como colombiana, lo único que se puede sentir, luego de ver esa historia, es una mezcla de enorme nostalgia, tristeza, rabia e incapacidad por la situación de más de cinco millones de desplazados internos que hay en el país. Tristeza por las víctimas civiles que se encuentran en medio de un conflicto en el que no eligieron estar. Víctimas como Crisanto Gómez y su familia.
Crisanto Gómez es el campesino al que la guerrilla de las FARC, en una zona bajo su control, entregó al pequeño Enmanuel, hijo de Clara Rojas y nacido en cautiverio. La historia narra las peripecias que debe pasar este hombre, junto a su esposa, suegro y siete hijos para curar al bebé que fue entregado con leishmaniasis y una fractura de brazo. Mientras el frente guerrillero que le entregó al niño le encomienda su protección, otro le impide salir de la zona para llevarlo a un hospital. Ahí es cuando el campesino, junto a su familia, decide huir para salvar a Enmanuel y, al mismo tiempo, convertirse en un desplazado interno más del país.
Enmanuel es enviado a Bienestar Familiar y alejado de la familia del campesino porque creían que estaba siendo maltratado. Sin embargo, dos años después, FARC y Gobierno de Álvaro Uribe comienzan las negociaciones para liberación de tres rehenes, entre ellos el de Clara y Enmanuel. Luego de las amenazas de muerte de la guerrilla contra el campesino y de la acción del Gobierno, se logran dos de las liberaciones y la ubicación real del pequeño, que no era precisamente la selva. Crisanto inicialmente fue protegido por el Estado porque la guerrilla lo estaba persiguiendo, pero luego fue enviado a prisión por secuestro. Cuatro años después, el año pasado precisamente, fue absuelto porque no se encontraron pruebas en su contra.
De lo que no fue absuelto, ni él ni su familia, fue de las situaciones de desplazamiento y de vulnerabilidad. Tal como ellos, millones de habitantes rurales llegan a las ciudades colombianas en busca de protección, huyendo del fuego de guerrilleros y paramilitares y, en muchos casos, del abandono estatal. Sin embargo, algunos solo encuentran una ciudad de cemento con esquinas para mendigar.
Sin duda, la película que irónicamente una víctima como Clara Rojas intentó evitar, es una muestra de la realidad de una parte de la población colombiana, también víctima, pero que no cuenta, como ella, con fama, influencias, prestigio o intereses económicos en la taquilla de una película en la que su vida se ve ligeramente involucrada. Tampoco son víctimas con capacidad económica para contar su vida en otro filme, tal como ella reconoció que haría.
La Justicia colombiana se equivoca diariamente, lo hizo con el caso de Crisanto y su pena de cuatro años de prisión sin pruebas, celebro que no se haya equivocado con la decisión de permitir la exhibición de esta película en el país. En pleno proceso de paz con las FARC, caería bien recordarle a esa guerrilla que ella también es causante de desplazamiento, y en una sociedad en la que la verdad de los pobres muchas veces no es escuchada ni conocida por darse a kilómetros de las ciudades, es justo un baño de realidad, aunque sea en películas.
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