Las claves del debate sobre el estado de la Nación de España

Un debate sobre el estado de la nación siempre es relevante a la hora de analizar la situación sociopolítica de un país ya que aglutina, en un único debate parlamentario, las cuestiones sociales y políticas más importantes acontecidas a lo largo de cada año. En el caso de España el debate era largamente esperado, puesto que en el año 2012 no se convocó. Este era, por tanto, el primer examen general del poder legislativo al Gobierno de Mariano Rajoy.

El balance 15 meses después de arrancar la legislatura no es positivo. La crisis económica sigue asolando  España, lo que se traduce en casi seis millones de parados, una deuda pública récord, un decrecimiento de la economía, un panorama social protagonizado por el drama de los desahucios y el empobrecimiento de la población, y una política de ajuste fiscal —es decir, recortes— que no va a conseguir cumplir con el objetivo propuesto. Del mismo modo, en este tiempo se ha cuestionado el actual modelo territorial español —esto es, el modelo autonómico— tanto en el caso de las fuerzas soberanistas periféricas como en el del centralismo de ciertos sectores del propio partido en el Gobierno, el Partido Popular (PP). El tercer gran tema de lo que lleva andada la legislatura es el desapego ciudadano a las instituciones y a la clase política, donde los recientes casos de corrupción política y financiación ilegal que salpican incluso al propio presidente[1] no han hecho más que agravar esta situación. Estos tres temas copan la agenda política social de España en este momento, pero el Gobierno de Rajoy quiso incluir un cuarto tema —la Unión Europea— aprovechando la celebración de la última cumbre europea[2] aunque las demás fuerzas políticas denunciaban que esto respondía a una estrategia para diluir dos debates —el del estado de la nación y el europeo— y rehuir así una mejor rendición de cuentas. Europa, si bien es fundamental en la política de España, inquieta ahora a los españoles en materia económica y no de manera independiente a ésta.

Discurso inicial del Presidente Rajoy . Fuente: Bloggueros.

El papel de Rajoy fue el que se esperaba. Su actuación tuvo grandes dosis de autocomplacencia, aportó la debida cuota de medidas políticas y ofertas de acuerdo que se esperan en este tipo de debates, y —como viene siendo el estilo oratorio del presidente— parecía hablar desde el sentido común. Lo más destacable de su discurso fue, sin embargo, que recurrió al discurso del miedo[1] para legitimar su gestión económica —no la política de equilibrar las cuentas públicas, sino la manera de hacer dicho ajuste— y, de paso, al conjunto del modelo de representación política si tenemos presente la creciente desafección política que siente la ciudadanía española respecto a la clase política y las instituciones. Esta legitimación no se centraba sólo en la gestión pasada[2], sino que servía también para el presente y el futuro al recurrir a la misma idea para responder a críticas o propuestas alternativas de gestión económica[3]. Tanto para el pasado como para el presente y el futuro, la idea del discurso de Rajoy fue «o este rumbo— esta política económica y este statu quo— o el desastre».

Los otros intervinientes en el debate también cumplieron con el guión esperado. Rubalcaba intentó hacer oposición, pero sin olvidar el pasado reciente —cuando su partido estaba en el Gobierno— y aportando un cariz constructivo y alternativo. Los partidos nacionalistas, vascos y catalanes en su mayoría, plantearon también cuestiones relativas a sus propios territorios en consonancia con el cuestionamiento del modelo territorial, en el que Rajoy se mostró inmovilista.

Intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba. Fuente: Bloggueros.

Precisamente, en relación con la necesidad de reformular el modelo territorial apareció un tema recurrente en el debate: la reforma de la Constitución de 1978. En este sentido, Rajoy se mostró reacio a modificarla, Rubalcaba planteó un modelo federal de Estado y los partidos nacionalistas plantearon la necesidad de cambiar ésta para dar cabida al derecho a decidir de estos territorios. Sin embargo, la propuesta más ambiciosa vino de dos intervinientes —Rosa Díez (UPyD) y Joan Coscubiela (ICV)— que plantearon no sólo una reforma superficial de la Constitución, sino la creación de un nuevo proceso constituyente para refundar España conforme a como es hoy en la actualidad. Esta propuesta es mayor tanto en extensión como en profundidad a las anteriores, puesto que no sólo plantea la reformulación del modelo territorial —y ahí variarían las propuestas de Díez y Coscubiela— sino que también plantea la necesidad de reformar cuestiones relativas a la esencia del ordenamiento jurídico español para garantizar una serie de derechos que a día de hoy no están salvaguardados por la ley suprema. La respuesta de Rajoy —que fue el único que podía responder a estos intervinientes— fue la esperada: una negativa desde su sentido común para evitar el caos sociopolítico español.

Joan Coscubiela plantea, de manera accidentada, abrir un proceso constituyente (13:15)  Fuente: Bloggueros.

En las cuestiones menores del debate, Rajoy y Rubalcaba se enzarzaron en acusaciones de corrupción —presentes y pasadas— en un ejercicio de y tú más que no eclipsaron el hecho de que el presidente omitió dar explicaciones certeras sobre el caso de financiación ilegal de su partido que hoy día es primera plana. Las demás fuerzas políticas también reprocharon a Rajoy esta cuestión y éste se escudó en su oferta de acuerdo anti-corrupción.

Rosa Díez también plantea abrir un proceso constituyente (19:00) Fuente: Bloggueros.

¿Cumplió el debate con lo que se esperaba de él? Lo cierto es que sí, puesto que pocos españoles confiaban que el debate fuera un punto de inflexión en la política actual de España, tal y como esperaba el propio Rajoy. El debate cumplió con lo esperado porque las expectativas ciudadanas eran bajas.

¿Cumplió el debate con lo que necesitaba España? Muy poco, realmente. El presidente se olvidó en su intervención inicial el drama de los desahucios y no sólo no planteó una mejora de la situación de los servicios sociales en España, en franca decadencia a partir de la política de recortes presupuestarios para reducir el déficit, sino que anunció una segunda ola de reformas que bien podrían venir a consolidar esta situación de precariedad en los servicios sociales del Estado. Por su parte el líder de la oposición, si bien hizo un notable gesto de rectificación pública respecto al pasado —en referencia a la gestión del PSOE en el pasado Gobierno—, no consiguió postularse como una alternativa creíble a la gestión de Rajoy. Los demás intervinientes, en general, plantearon cuestiones que o bien afectaban más a sus propios intereses partidistas que al interés nacional —en el caso de los partidos nacionalistas— o bien no terminaban de conectar lo que acertadamente consideraron necesario para el país con las posibilidades que éste tiene ahora mismo de materializarlo.

La cuestión que más enlazó con el interés de la ciudadanía española fue esa propuesta de abrir un nuevo proceso constituyente —dejando de lado la necesidad o no de dimisión del Gobierno, como exigieron algunas fuerzas políticas— para reajustar el marco legal de convivencia nacional con la realidad actual y las necesidades del país. Evidentemente habrá sectores de la propia ciudadanía que rechacen frontal e inmediatamente la posibilidad de tocar la Carta Magna, pero las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos —incluido ese sector de la población—requieren una reforma que, en última instancia, debe incluir a la propia Constitución; no para darle fin a ésta, sino para garantizar precisamente su perdurabilidad y, con ella, el sistema político que se dio a sí mismo el pueblo español hace ya casi 35 años. Esta reforma constitucional, evidentemente, tendría que ser debatida en numerosos puntos pero, previsiblemente, consolidaría la conexión entre el marco institucional y la ciudadanía española, reforzando así de paso la representatividad de los poderes del Estado gestionados por la clase política, hoy en serio cuestionamiento, mediante no sólo una mayor adecuación de la ley a las necesidades de la ciudadanía sino también mediante un control más profundo basado en una mayor rendición de cuentas ante las propias instituciones y la ciudadanía. La rendición de cuentas es un elemento estructural para garantizar la calidad del sistema representativo en el que se fundamenta nuestra democracia[4], y toda reforma constitucional debe incluir este apartado. Del mismo modo, el sistema político en su conjunto será más representativo del país que lo sostiene cuando el primero garantiza la salvaguarda de ciertos derechos que, hoy en día, están en serio cuestionamiento.

En este aspecto clave de la representatividad, tanto por eficiencia institucional como por garantía de derechos y por rendición de cuentas, hay una cuestión que, si bien fue tratada de soslayo por los partidos mayoritarios, resulta crucial:  los lobbies. Resulta fundamental en la transparencia y eficiencia de un sistema político que se regule la presencia y actuación de una clase de actores políticos que ya llevan décadas actuando e influyendo en el proceso de toma de decisiones con grandes dosis de opacidad e impunidad. La ciudadanía tiene el derecho a saber quién presiona a qué líder político en qué materia y a cambio de qué para poder actuar en consecuencia. Esta necesaria ley de transparencia de los lobbies —que son grupos de interés y de presión— fue incluida brevemente como una de las medidas que Rajoy planteó en el acuerdo contra la corrupción y que Rubalcaba, sin mencionar la cuestión explícitamente, aceptó. Habrá que ver si el tema queda en meras palabras o, en el caso de que se tomen medidas, hasta dónde llegará esta ley tan necesaria para el correcto funcionamiento del sistema político español.

En definitiva, el escenario político español quedó reflejado en el debate sobre el estado de la nación de España al no haber demasiado optimismo al respecto. Otra cosa es que este debate haya ayudado a solucionar los verdaderos problemas de los españoles, cosa que no hizo. Aun así, el aspecto más positivo del debate consiste en haber planteado reformas de calado —aunque fuera por parte de fuerzas minoritarias— y en ver si los pocos acuerdos propuestos se materializan y hasta qué punto lo hacen, aunque la experiencia ciudadana en esta legislatura no nos lleva a ser muy optimistas al respecto.