MUNDO: las prácticas extralegales que han caracterizado a Guantánamo han ido acompañadas con una narrativa sobre la excepcionalidad de la actual «guerra contra el terror». No obstante, la historia nos advierte de la necesidad de cuestionar tales justificaciones.
Matthew Robson
Guantánamo: Un error no tan excepcional
Al sellar su victoria presidencial esperada en el año 2008, a Barack Obama le correspondía empezar a abordar las promesas electorales hechas durante su campaña. Un tema que llegó a tener un protagonismo considerable en los medios de comunicación, acogido por grandes partes de las comunidades democráticas del mundo, era la promesa de cerrar los centros de detención controvertidos de la bahía de Guantánamo. Esta promesa fue acompañada con garantías de volver a los «valores fundamentales» de los «padres fundadores» de Estados Unidos (Obama, 2008); lo cual a su vez, demostró un reconocimiento explícito de que, desde su punto de vista, el país había desviado los valores democráticos que supuestamente lo constituyen. Por lo tanto, la firma de un decreto ejecutivo (Obama, 2009) poco después de su inauguración, fue considerada como una prueba de que el Presidente tenía serias intenciones de cumplir su compromiso y que el camino de Obama se diferenciaría de su predecesor.
De manera que, ha constituido fuente de consternación para mucha gente que en febrero de 2013 la instalación sigue en vigor. Con el tiempo, surgen más dudas y cuestiones sobre la voluntad política en Washington y quizás incluso del mismo presidente. Precisamente esta incertidumbre se ha elevado aún más por la noticia de que Daniel Fried, el Enviado Especial del Presidente para el cierre de Guantánamo, ha sido reasignado y no existe hasta el momento ningún sustituto para él (Savage, 2013). Las críticas de la falta de progreso sobre la cuestión se han desviado, con frecuencia, hacia el Congreso y las barreras institucionales que conlleva. En el año 2011, el exsecretario de Estado Robert Gates afirmó: «Las perspectivas de cerrar Guantánamo, por lo que sé, son muy malas, dado la amplia oposición a realizarlo aquí en el Congreso» (Gates, 2011).
Aunque no cabe duda de que el Congreso ha ofrecido algo de resistencia al cierre, esta razón en sí no expone de forma clara las relaciones de poder subyacentes las que forman el punto muerto actual. Desde hace una década, Guantánamo constituye un símbolo de lucha, en el que las representaciones distintas de la «guerra contra el terrorismo» vienen disputándose la supremacía. Sin embargo, es crucial no fijarse demasiado en Guantánamo como único objeto de lucha. Al fin y al cabo, el cierre de los centros no implica el fin de la «guerra contra el terror» ni de las medidas escogidas por la maquinaria de seguridad de Estados Unidos para enfrentarse con ello. Por eso, es necesario ampliar el alcance del análisis, para volver a examinar la rama de prácticas que se están llevando a cabo dentro y fuera del espacio geográfico de Guantánamo.
Guantánamo y el «estado de excepción».
Desde su inicio, la justificación dada por los centros de detención de Guantánamo son las supuestas circunstancias «excepcionales» o de «emergencia» que se supone que caracterizan el periodo posterior al atentado del 11-S y la llamada «guerra contra el terror» (Butler, 2003; Agamben, 2004).
No obstante se puede ver, por medio de una perspectiva histórica más amplia, que tales afirmaciones no pueden considerarse inusuales ni únicas en el periodo moderno (Agamben, 2004). De su estudio sobre el «estado de excepción», Agamben ha identificado una lista larga de precedentes históricos, cada uno de los cuales pone en tela de juicio la naturaleza excepcional de la actual «guerra contra el terrorismo». Estos demuestran claramente la tendencia del Estado a menoscabar distintos aspectos de la vida y a ejercer mayores grados de poder soberano. Al igual que en la actualidad, el «estado de excepción» conlleva una especie de, «tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político», (Agamben, 2004:2) lo cual supone la, «suspensión del orden jurídico en sí» y «define el umbral o concepto de límite de la ley» (Agamben, 2004:4).
Un ejemplo llamativo de ello es el de la República de Weimar de la Alemania prenazi. Agamben sostiene que aquellos Gobiernos aprovecharon el «uso continuado» del «estado de excepción», lo cual en última instancia fue usado para «encarcelar a miles de militantes comunistas y establecer tribunales especiales autorizados para dictar sentencias capitales» (Agamben, 2004). Esto fue
posible debido a los «usos y abusos» del artículo 48 de la constitución de Weimar, en el cual se establecía que si se veía «amenazada o perturbada» la seguridad, «el presidente del Reich puede tomar las medidas necesarias para restablecer la seguridad y el orden público, con la ayuda de las fuerzas armadas si fuese necesario». Según Agamben, tales poderes amplios para invocar un «estado de emergencia» pueden constituir un tipo de «dictadura constitucional», como en el caso de la República de Weimar; lo cual a su vez funciona como una «fase transicional que lleva en última instancia a un régimen totalitario» (Agamben, 2004).
Debido a esto y los demás casos, se pone en duda la mismísima afirmación que asegura que el periodo moderno está caracterizado, de verdad, por circunstancias «excepcionales». También es importante evitar conceptualizaciones del «estado de excepción» que aluden a lo inevitable, suponiendo que «surgirán excepciones a causa de los límites estructurales de la democracia liberal» (Neal, 2008:45). No hay nada inevitable en la suspensión o en pasar por alto la ley tanto nacional como internacional. En cambio, debería comprenderse como una, «manipulación instrumental de la ley como una táctica» (Neal, 2008:47). Siguiendo el enfoque de Judith Butler, Neal afirma que esto «permite una reubicación del problema del excepcionalismo fuera del formalismo transcendental para situarlo dentro del ámbito de discurso y práctica» (Neal, 2008:47).
Además de representar una extensión moderna del poder soberano, las prácticas asociadas con Guantánamo se realizan dentro del campo diverso de governmentality (Butler, 2003). Este concepto, adoptado de Michel Foucault, señala una forma de poder en la que una rama diversa de actores pretende «regular» y «gestionar la población». Sin embargo, ello opera «a través de instituciones y discursos estatales y no estatales que ni son legitimidados por elecciones directas ni por una autoridad establecida» (Butler, 2003:52). Es decir, se trata de «funcionarios del Gobierno» quienes, en el caso de Guantánamo, «consideran» si «un individuo o un grupo dado constituye una amenaza para el estado» (Butler, 2003:58) y de ahí que, «se les pida que cuenten con su propio juicio para decidir asuntos fundamentales de la justicia, la vida y la muerte» (Butler, 2003:54). De esta forma, se convierte en un «poder anárquico y prerrogativo, un poder “pícaro” par excellence» (Butler, 2003:56).
Los intentos repetidos de suspender o manipular la ley, tal y como es el caso de Guantánamo, pueden comprenderse como una táctica más (Butler, 2004). Esto ha conducido a la creación de nuevas categorías cuasi legales como «combatiente enemigo» (Morrisey, 2011) que han pretendido legitimar la encarcelación de presos durante el tiempo de vida de la «guerra». Lo cual, al plantearse la naturaleza ambigua de la «guerra contra el terror», se puede traducir en un periodo indefenido. Como ha afirmó Dick Cheney en el año 2008, estos son «combatientes ilegales» y por lo tanto, no tienen derecho a «los derechos que proporcionamos solamente a los ciudadanos estadounidenses» (Cheney, 2008). De hecho, al principio, la misma elección de Guantánamo, demostraba las intenciones del Gobierno estadounidense, y demuestra claramente el intento de usar el espacio geográfico para evitar la jurisdicción del sistema judicial y la constitución estadounidense.
Guantánamo como parte de un discurso más amplio de «seguridad»
Si, como han argumentado Butler y Neal, se deja de lado el debate de «excepcionalismo» y en lugar de ello, situamos cualquier comprensión teorética de Guantánamo dentro de un marco más amplio de «gobernabilidad», también se nos desvía de una visión errónea de un espacio geopolítico único, singular y aislado. Es decir, el enfoque lleva a la posibilidad de que Guantánamo sea meramente un ejemplo de una rama más extensa de prácticas de seguridad, prácticas que no pueden restringirse a una zona geográfica en particular. En concreto, estas prácticas constan de un reportorio que pretende ejercer el poder a través de discursos geopolíticos modernos tales como la «seguridad», «la guerra contra el terror», y «el fundamentalismo islámico».
Además, es posible que estas prácticas y los discursos que las acompañan tengan un cierto grado de autonomía. Es decir, dentro del ámbito de la seguridad, los funcionarios disponen de un poder que es caracterizado por su tendencia a auto-justificarse e incluso tiene la capacidad de chocar con el brazo ejecutivo. Quizás es por eso, a pesar de las afirmaciones dadas por Presidente Obama que Guantánamo estará cerrado, lamentablemente el fin de las prácticas extra-legales parece ser muy lejano. Las recientes revelaciones hechas durante las audiencias militares preliminares de algunos de los «detenidos» parecen fortalecer este argumento. (McGreal, 2013) El Coronel John Bogdan, comandante del centro de detención de Guantánamo, ha admitido que existen «dispositivos de escucha» camuflados como detectores de humo, y que habían sido instalados en las habitaciones donde los acusados se reunían con sus representantes legales. Hacer un seguimiento de conversaciones confidenciales entre los acusados y sus abogados viola uno de los derechos fundamentales del debido proceso de las sociedades liberales y pone aún más en duda la imparcialidad del tribunal militar. Además, la afirmación de Bogdan de que él mismo no era consciente de la colocación de los aparatos, suscita más cuestiones sobre quien los había instalado y quien podía escuchar estas conversaciones.
Con todo, es importante destacar que las prácticas de «seguridad» no se llevan a cabo solamente en el espacio geográfico de Guantánamo. Desde el inicio de la «guerra contra el terror», varios «black sites», a lo largo del mundo se han usado para realizar procedimientos clandestinos como «secret detention» y «extraordinary rendition». Igual que Guantánamo, estos casos demuestran una voluntad, por parte de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidenses, de evitar marcos legítimos existentes de la ley en la encarcelación de presuntos terroristas.
Informes recientes que se están sacando a la luz destacan que estos espacios geográficos extra-legales han sido usados para realizar, «enhanced interrogation techniques». En otras palabras, se trata de métodos que se considerarían tortura en la gran mayoría de las sociedades democráticas. Según un informe reciente, la «detención secreta’ por parte de la CIA es todavía, «una fuente de considerable preocupación» (Open Society Foundations, 2013). Citando varios casos desde que Obama llegó a la Casa Blanca, parece haber bastantes pruebas que señalan el uso continuo de los espacios extra-legales para encarcelar e interrogar a los presuntos terroristas sospechosos.
No obstante, quizás la práctica más cuestionable que se encuentra dentro del discurso de «seguridad» y «la guerra contra el terror» es el envío de aviones no tripulados para llevar a cabo misiones de asesinatos en Pakistán, Yemen y otros territorios. Estas misiones, sin duda, constituyen un grado elevado de violencia patrocinada por el Estado. Se trata del poder de permitir o quitar la vida. Iniciado por la administración de George W Bush, el Presidente actual, Obama, ha autorizado un aumento de las operaciones; de las cuales cabe decir que señalan un índice de éxito cuestionable, pero con una carga sustancial de muertes inocentes o en términos de seguridad «collateral damage». Teniendo en cuenta el número de «terroristas» de Guantánamo que han sido sueltas o que están esperando su liberación, resulta difícil confiar plenamente en las death lists que están entregando los servicios de seguridad estadounidense. En cualquier caso, el asesinato premeditado de personas relacionadas con los sospechosos o transeúntes inocentes suscita serias cuestiones morales de los usos de violencia del Estado actualmente.
Por todo ello, sería erróneo suponer que la administración de Barack Obama constituye una ruptura importante del Gobierno previo de George W Bush. A pesar de las promesas de volver a operar dentro de los parámetros establecidos de la ley, esto sencillamente no es detectable. En vista de todo esto, el debate en torno al cierre de Guantánamo, adquiere una naturaleza algo más trivial. Incluso en el caso de que se lleve a cabo, parece que se trataría de un gesto simbólico. No sería, necesariamente, una señal del final de las prácticas extra-legales que caracterizan la «guerra contra el terror». Las agencias de inteligencia y la maquinaria de seguridad seguirían funcionando. En el fondo, las prácticas se están llevando a cabo porque existe la creencia de que son necesarias para proteger a la población de la amenaza que implica el terrorismo. Además, la construcción de la categoría «terrorista» conlleva que quienes se encuentran bajo la misma carezcan de derechos fundamentales y se conviertan en objetivos legítimos de detenciones indefinidas, apremios ilegales, torturas, tratos inhumanos y degradantes, llegando incluso en algunos casos a la pérdida de vida.
Dicho esto, Guantánamo todavía representa un símbolo de lucha y de oportunidad para desafiar a la rama de prácticas arbitrarias que se están llevando a cabo dentro de la maquinaria de seguridad estadounidense. Aunque existen varias pruebas que destacan la debilidad de la ley, quizás más notable en el fracaso de investigar denuncias de tortura, este ámbito continuará siendo un importante campo de batalla para contestar el uso ilegítimo del poder de encarcelar, torturar y quitar la vida
PARA MÁS INFORMACIÓN
Agamben, G. (2004) State of Exception. University of Chicago Press.
Butler, J. (2003) Precarious Life: The Power of Mourning and Violence. Fordham University Press.
Dillon, M and Neal, A. (2008) Foucault on Politics, Security and War. Palgrave Macmillan.
Hyndman, J. (2010)“The question of ‘the political’ in critical geopolitics: querying the ‘child soldier’ in the ‘war on terror’.
Malcolm, A. (2010) “Obama and Guantanamo: A chronology of his broken promise.” Los Angeles Times. 02/07/2010 http://latimesblogs.latimes.com/washington/2010/07/obama-guantanamo.html
McGreal, C. (2013) “Guantánamo trials plunged into deeper discord as confidence in court wanes.” The Guardian. 17/02/2013 http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/17/guantanamo-trial-microphone-revelations?INTCMP=ILCNETTXT3487
Morrisey (2011) “Liberal Lawfare and Biopolitics: US Juridical Warfare in the War on Terror.”
Stewart, Phil. (2011) “Chances of closing Guantánamo jail very low.” Reuters. 19/02/2011
Savage, C. (2013) “Office Working to Close Guantánamo Is Shuttered.” The New York Times. 28/01/2013 http://www.nytimes.com/2013/01/29/us/politics/state-dept-closes-office-working-on-closing-guantanamo-prison.html?_r=0
Obama, B (2009) “Closure of Guantánamo Detention Centre.” The White House http://www.whitehouse.gov/the_press_office/ClosureOfGuantanamoDetentionFacilities/
Open Society Foundations (2013) “Globalizing Torture: CIA secret detention and extraordinary rendition. http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/globalizing-torture-20120205.pdf
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