¿«Closed Government»? La ciberdemocracia en entredicho

A FONDO: Muchas veces se puede caer en la mera reproducción de un memes o en la pretensión de crear un cambio sin evaluar sus modos y sus consecuencias. Es así que la crítica al Open Government tiene que ver con que el sólo acceso y uso de las nuevas tecnologías no es lo primordial para tener una democracia más directa, ya que dichas tecnologías pueden resultar útiles para el actuar solapado de élites dirigentes cerradas, transformando la ciberdemocracia en un closed government

Eduardo Alvarado Espina

Durante los últimos años, muchos analistas sociales –especialmente los apologistas de las nuevas tecnologías- han pretendido encontrar en internet y en sus redes sociales virtuales un espacio potenciador de las relaciones horizontales entre ciudadanos; un lugar en donde  éstos, incluso, pueden conversar con los gobiernos para cambiar políticas públicas o decisiones legislativas. Aunque lo más relevante es el convencimiento, por parte de los gobiernos (en sus distintos niveles), de que la relación con el ciudadano-internauta, a través del open government –gobierno abierto-, les certificará como sistemas políticos más participativos, más transparentes y más directos en su actuar.

Asimismo, el fenómeno Internet ha dado para todo, incluso para proponer sistemas políticos basados en la horizontalidad que ofrece el ciberespacio, eliminando intermediarios entre la soberanía popular y la aprobación de las leyes[i]. Estas ideas, que se obsesionan por alcanzar el top one de la originalidad, no se detienen a analizar las  posibilidades reales que tienen de concretar lo que proponen, más allá de la ingeniería institucional. Este tipo de  posturas tecnodemocráticas (Calderón y Lorenzo; 2010)[ii] o de democracia 2.0 no están libres de crítica, lo cual no quiere decir que se rechace la idea en sí, sino más bien, que se intenta adoptar una perspectiva más profunda que la mera sacralización popular de un memes[iii] repetitivo.

Del gobierno electrónico al gobierno abierto

Hace casi una década atrás se introdujo en el lenguaje de la modernización del Estado de muchos países el concepto de gobierno electrónico como sinónimo de eficiencia y transparencia del llamado proceso de la Nueva Gestión Pública (NGP). Varios gobiernos entendieron que modernizarse era igual a publicar, concesionar y subcontratar diversos servicios públicos utilizando las nuevas tecnologías como herramientas que harían más eficientes y participativos dichos procesos. No obstante, el legado de la NGP se ha ido desvaneciendo frente a un escenario de perplejidad e incertidumbre (Ramírez-Alujas, Álvaro; 2010)[iv] cada vez mayor, volviendo anacrónicas algunas ideas que ésta corriente sustentaba, incluso las críticas le asignan diversos defectos[v] que serían difíciles de subsanar.

De esta manera, con el paso de los años se han ido versionando antiguas ideas sobre el uso de las plataformas de Internet para transparentar las decisiones gubernamentales primero, y para diseñar programas de interacción entre ciudadanos y entidades públicas después (pago de impuestos, solicitud de documentos, consultas electrónicas, etc.). Se coloca al alcance de todo el ciudadano –que pueda y desee– la información y trámites que requiera de la administración pública, sin horarios y sin traslados.

Este tipo de programas están, y han estado, dentro de lo que conceptualmente se conoce como gobierno electrónico, el cual puede llegar a definirse como «la continua optimización en la prestación de servicios públicos, acceso a la información pública y participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones con base en el uso de las TIC» (Baum y Di Mario)[vi]. De este modelo de gestión de la actividad pública se han servido varios gobiernos en el mundo, haciendo de él un paradigma de modernización y de transparencia del Estado.

Desde el e-Gov al o-Gov no ha pasado mucho tiempo, tan sólo una década, en la que se ha pretendido explotar, aún más, la idea de que Internet sea un espacio sin limitaciones para el accountability gubernamental –en que el gobierno responda o se haga responsable de sus políticas ante los ciudadanos– y, a través de esto, para se profundice en la democracia. Sin embargo, todo este optimismo no considera que tan sólo el 33% de la población mundial tenga acceso a internet y que la mayor parte del uso que se le da sea de entretenimiento. Del mismo modo que no considera el hecho de que la mayor parte de los Estados modernos ni siquiera transparentan sus gastos. En cierto sentido, todo este optimismo recuerda la positiva valoración que se tuvo de la prensa independiente a comienzos del siglo pasado –como herramienta de control y fiscalización publica de los gobiernos– en un mundo en que la mayor parte de sus habitantes eran analfabetos.

Todo esto ha motivado el surgimiento de un renovado modelo de acción gubernamental inspirado en la idea de que el avance tecnológico de la web 2.0 –o web social- logra bajar los costes implícitos para una conversación directa y participativa entre ciudadanos y gobiernos en los sistemas democráticos. Como señalan Calderón y Lorenzo «gobierno abierto es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias…»[vii]. Pero, ¿qué sucede cuando no es posible esa conversación, cuando la administración es opaca y/o el régimen democrático es meramente formal? Por no hablar ya de regímenes totalitarios.

Del acceso y uso de internet

Algunos elementos importantes que deben considerarse en el momento de tener que evaluar las reales opciones de cambio que ofrece el open government son la cantidad y el porcentaje de usuarios que tiene acceso a internet –nivel de penetración– en cada país. Así, tenemos que, por ejemplo, China lidera el ranking con 538 millones de usuarios –lo cual representa el 40,1% de la población total- mientras que en países como Estados Unidos y Japón son los que registran mayor penetración en términos porcentuales con 78,3% y 79,5%[viii], respectivamente. En España el uso alcanza a 67,2% de penetración del total de la población.

Interesante resulta el dato de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Unión Europea ya que durante la última década se ha alcanzado un 70% de penetración en los hogares de los Estados miembros, en donde el mayor acceso de internet en los hogares se registra en los Países Bajos, con un 91%, y el más bajo en Bulgaria, con un 33%[ix].

Sin embargo, lo más relevante para establecer el efectivo alcance del open government, tiene que ver con el tipo de uso que se hace de la red. Según las más recientes estadísticas, la mayor parte de la población se conecta para revisar correos electrónicos, informarse (medios digitales) y utilizar redes sociales[x], lo cual podría ser auspicioso si la calidad y procesamiento de lo que leen no fuese asimétrico. No es lo mismo –para poder hacer transversales las decisiones públicas vinculantes- usar internet para leer periódicos deportivos que hacerlo para analizar, por ejemplo, una propuesta de ley sobre la hacienda pública o las uniones de hecho.

Como queda explícito en su definición, el open government se basa en la idea de la conversación horizontal entre ciudadanos y gobiernos, complementando la representación clásica de la democracia liberal con la interacción directa que ofrece la conectividad virtual entre personas de distintas nacionalidades y expresiones políticas. No obstante, estas relaciones horizontales en internet aún no permiten una intercomunicación masiva entre clases sociales, ya que las llamadas redes sociales no son más que una extensión virtual de la comunidad material a la que se pertenece. Son redes de afines, de personas con similares intereses, gustos, nivel educativo y económico, e inquietudes personales[xi]. Como señala Daniel Innerarity[xii], las redes sociales no son tales, ya que son básicamente grupos de interés basados en la homogeneidad y no en la heterogeneidad.

Entonces, aunque la conectividad que ofrece internet alcanza altos niveles de penetración en Asia, Norteamérica y Europa, y que en otros lugares la cobertura avanza aceleradamente, tanto el tipo de uso que se hace de ella como las asimetrías y homogeneidad con que se analiza y transmite la información, obligan a cambiar la perspectiva. Pues hacen que cualquier programa institucional basado en el gobierno abierto no se proyecte necesariamente hacia una mayor democratización de las decisiones políticas en toda sociedad, sino también se transforme en una herramienta útil para legitimar los deseos de una minoría organizada; de una élite del poder.

¿Abriendo la incertidumbre de los gobiernos?

El open government es una opción que ya tiene definiciones gubernamentales en algunos Estados, incluso con objetivos a cumplir en función de plazos. En la actualidad, gobiernos de diversos países –entre ellos Finlandia, Estados Unidos o Chile- mantienen plataformas abiertas para mejorar comunicación con sus ciudadanos. Incluso, Naciones Unidas (ONU) ha creado, durante su 66° Asamblea General en septiembre de 2011, un organismo denominado Open Government Partnership (OGP) en el cual los países participantes se comprometen a cumplir con los siguientes cuatro pilares:

1) Mayor acceso a la información y divulgación sobre las actividades gubernamentales.

2) Apoyar la participación ciudadana a través de la transparencia sobre la formulación de políticas y la toma de decisiones y el establecimiento y uso de vías para solicitar la opinión del público.

3) Promover estándares de integridad profesional en todos los gobiernos.

4) Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas[xiii].

Destaca el hecho de que entre los miembros participantes no se encuentren países como China, Egipto, Siria o Sudán, pero esto no es nada extraño, pues sus Estados no se caracterizan por fomentar la participación y la opinión de sus ciudadanos.

Por otra parte, todas aquellas sociedades del norte de África en que se llevaron adelante revueltas generales contra gobiernos opresivos utilizando la «ciberprotesta» coordinada en las redes sociales en 2011, hoy se encuentran muy lejos de los caminos democráticos que sirvieron de ideario esperanzador en la movilización de la mayoría de sus poblaciones.

También, hay otro grupo de Estados que estarían bastante lejos de apostar por el diseño del gobierno abierto, al caracterizarse por tener regímenes totalitarios altamente corrompidos, como son los casos de Corea del Norte, China, Rusia o Guinea Ecuatorial[xiv]. En estos países internet es un espacio que está controlado por entidades gubernamentales que censuran el contenido y determinan verticalmente la información de libre acceso al público.

En síntesis, los gobiernos –sean de origen democrático o no- buscan crear incertidumbre en sus ciudadanos y no a la inversa. Un modelo político que apueste por la horizontalidad de las decisiones y de una transparencia absoluta de las actuaciones del Estado –profundizando la participación democrática- como es la propuesta teórica del open government, provocaría una incertidumbre en la acción de los gobiernos que éstos no estarían dispuestos a sobrellevar. Porque una mayor democracia involucra gestionar una sociedad de intereses con bajos niveles de certidumbre. Incluso más, esta perspectiva podría abrir una grieta en los modos de control social posindustrial, que tan bien conceptualizó Ulrich Beck en la Sociedad del Riesgo.

Hay que agregar que las asimetrías sociales que profundizan las brechas de información, las cuales inciden en el tipo de asuntos que se tratan en la red, hacen que cualquier conversación entre ciudadanos y gobiernos siga involucrando a las mismas élites y vanguardias ilustradas que hoy lo hacen por otras vías, pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo con mayor legitimidad.

Lo anterior hace presumir que «closed government» no es sólo un término contrapuesto al open government. Es también el encadenamiento de algunos factores sociales que definen la sociedad posindustrial –consumo masivo, deseducación de la población, pensamiento único, asimetrías informativas, incertidumbre social-  aplicados al acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, éstos permitirían entender si se está frente a un cambio efectivo de la convivencia democrática o ante un maquillaje a lo gatopardo cuando se habla de gobierno abierto.

Una reflexión final

La adopción del memes, sin considerar que internet es una variable dependiente de las condiciones sociales en que ésta penetra y no al revés, puede dejar al open government como una renovada y bien intencionada idea de la futura democracia, o hacerla útil para un objetivo totalmente contrapuesto, como puede llegar a ser el cierre –por parte de las élites- de los sistemas políticos para concebir en la práctica un closed government.

Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologías posibilita la adopción de modelos de gobernanza transparentes, colectivos y colaborativos (Gobierno Abierto), pero lo cierto es que la identificación automática entre nueva tecnológica y open government es, no sólo un error conceptual, sino también un enfoque procedimental y sesgado de la democracia.

El factor técnico –el desarrollo de herramientas electrónicas para la gestión pública de los poderes del Estado— es neutro: no implica per se ni open government ni closed government. El modelo de gobierno dependerá tanto de la voluntad política con la que se utilicen las nuevas herramientas, como de los grados de exigencia de los propios ciudadanos.

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