La crisis política predominante en España responde, entre otros factores, a un déficit estructural de cultura cívica y de capital social de la sociedad que se traslada a las instituciones públicas y a la clase política, agravando el desprestigio y la desconfianza que la ciudadanía muestra hacia éstas.
Cristina Saiz Brugués
La situación de crisis global que predomina actualmente en España puede analizarse desde diferentes enfoques. La ciencia política y la sociología nos brindan tipologías clásicas para describir las actitudes políticas de una sociedad desafecta políticamente y pesimista con respecto a la recuperación social, política y económica.
La primera tipología es la referente al concepto de capital social, ampliamente analizado y comúnmente utilizado. Por ello, hay que delimitarlo a su vertiente sociológica y diferenciarlo del uso en el campo económico. Robert Putnam (1993) lo definió como «los aspectos de las organizaciones sociales tales como la confianza, las normas y las redes que pueden mejorar la eficiencia de la sociedad facilitando la acción coordinada». Tradicionalmente, existe un problema de cuantificación del capital social debido a la inexistencia de una definición precisa y la carencia de una base de datos estándar que recoja las medidas de capital social aplicables. Aun así y por lo general, los investigadores sociales han tomado como principales indicadores los siguientes:
– Confianza: interpersonal, social e institucional
– Redes o Grupos Sociales: pertenencia a asociaciones o grupos.
– Normas sociales: participación política, acciones de compromiso cívico y sentimiento de deber cívico.
El capital social en España
1.- La confianza
En España, las tasas de confianza han sido tradicionalmente bajas y más aún en la actualidad. En el año 2011, y según datos del CIS, la media de confianza hacia los demás, esto es del tipo interpersonal, era del 4,59% – donde el 0 representa totalmente desconfiado y el 10 totalmente confiado -. Ahora bien, los datos de confianza institucional, es decir, hacia el sistema político y la clase política, son mucho más alarmantes y muestran una evolución decreciente día a día. Un 55% de los españoles declara no poseer ninguna confianza en los partidos políticos mientras sólo el 8% se muestra crédulo al respecto. Por otro lado, en el barómetro de enero del CIS se observa como la desconfianza hacia el Gobierno es más grave aún. Mientras un 16,2% se fía del Gobierno del Partido Popular, hay un 28,4% de la población que confía poco en él y un 53,7% que muestra una total desconfianza. Para el caso de la oposición los datos son más pesimistas.
En general, la confianza hacia todo lo referido a la política en España está sufriendo un descenso exponencial grave. Un 78% de los encuestados afirmaron, en 2012, que «esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales».
La falta de confianza se ha convertido en el gran lastre para una sociedad que, a menudo con razones evidentes, siente recelo hacia la clase gobernante que ellos mismos han elegido democraticamente.
2.- Los grupos sociales
En los últimos años ha ganado relevancia la variable de grupos sociales debido a un cambio de paradigma provocado por la explosión de las redes sociales a través de internet. Las redes sociales virtuales aumentan mientras que siguen perdiendo fuerza los tejidos sociales tradicionales.
La afiliación y militancia en partidos y sindicatos en España tiene muy poca implantación en relación al resto de democracias avanzadas. Por ejemplo, la tasa de afiliación sindical española en el año 2009 se encontraba en torno al 15% de los trabajadores asalariados, mientras la media del la Unión Europea de los 15 era del 26% y la media del conjunto de la UE, del 23% [1] . Asimismo, instituciones como la Iglesia también siguen perdiendo integrantes. El tejido asociativo ha sido tradicionalmente débil en nuestro país. En 2012, un 34,7% de los encuestados pertenecía a asociaciones, ya sean sociales, cívicas o políticas. Entre ellas, destacan los grupos relacionados con el deporte, el ocio y la cultura, a los que pertenece la mayoría de los asociados, que poco tienen que ver con el capital social beneficioso para una sociedad cívica.
Sin embargo y como ya se ha citado, hay que tener en cuenta como nuevas fuentes de capital social las redes sociales interactivas y la fuerza de la movilización cívica que estas generan en la actualidad. Como ejemplo principal, tenemos el nacimiento del movimiento del 15M y sus consecuentes jornadas de protesta.
3.- Las normas sociales
Respecto a la última variable de normas sociales, cabe destacar la desafección y la apatía que predomina en el Estado español desde hace tiempo, donde el compromiso social y político, ligado a la desconfianza hacia el sistema político antes anunciada, es débil y mengua día a día.
Dentro del comportamiento político de una sociedad, el máximo exponente siempre lo representa el comportamiento electoral. En otras palabras, el acto más extendido de comportamiento político en una democracia es el voto. Pues bien, en España la abstención electoral ronda siempre entorno al 26%, porcentaje más alto que el la media europea – UE de los 15 – que es, aproximadamente, un 19%[2] . Podemos imaginar como los otros actos de comportamiento político denotan tasas muy bajas de activismo. A eso hay que sumarle la progresiva apatía política de los españoles, la desafección, que hace que los ciudadanos pongan a la clase política como al cuarto problema más importante en su país [3] . Además, el interés por la política de los ciudadanos nunca ha sido ensalzado. Así por ejemplo, en este año 2013 un 51% de los encuestados declararon no estar interesados en la política.
Una de las obras más relevantes sobre capital social es la que escribió Putnam sobre el caso italiano, titulada Making Democracy Works, y que sirve aquí para complementar el análisis del caso español. Putnam concluye que el norte de Italia es más estable políticamente, disfruta de mayor bienestar social y crece económicamente más que el sur del país en base al capital social que engendra cada territorio. En el norte, la confianza en los demás y en las instituciones es alta, el asociacionismo y compromiso cívico de la ciudadanía predomina en relación al sur y las normas sociales son favorables hacia la política. Mientras que en el sur, la cultura cívica es diferente. Allí, el clientelismo y familiarismo hace que el capital social exista únicamente en grupos familiares reducidos y que no se traslade hacia la sociedad en su conjunto, elevando la tasa de corrupción y la de criminalidad.
Fuente: Putnam, R. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy
Encontramos en esta explicación algo muy útil para el caso español ya que existen rasgos similares a los del sur italiano. Estos elementos de capital social perjudiciales para el funcionamiento de la democracia son la corrupción, el clientelismo y el fraude. Por tanto, encaja en la teoría del capital social ya que representan relaciones personales en un grupo social reducido, pero el problema es el tipo de nexo, informal y muchas veces ilícito o ilegal. La corrupción es la segunda preocupación principal para los españoles [4] ya que cada vez son más los escandalosos casos que afloran en el panorama político. Esto ha hecho mella en la sociedad y afecta directamente a la variable de confianza hacia el sistema político: dos de cada tres españoles consideran que todos los políticos son corruptos [5] .
De igual forma, en 2013 la percepción del fraude fiscal por parte de la ciudadanía es alta. Un 61,2% de los españoles considera que existe mucho fraude en su país, mientras que un 31% percibe que hay bastante y sólo un 4% cree que existe poco. Respecto a las medidas implementadas por el gobierno con el fin de luchar contra esta práctica ilegal, un 73% de los españoles las considera pocas e insuficientes.
La otra tipología que nos sirve para calificar la situación de la población española es la cultura cívica de Almond y Verba (1963). Los autores distinguen tres tipos de culturas políticas que se combinan y equilibran en una democracia. La del súbdito, actitud pasiva ante la política y el sistema político; la parroquial, en la que el sujeto muestra interés hacia la política pero únicamente hacia el ámbito local o hacia algún tema político concreto, y la activa o participativa, integrada por aquellos ciudadanos que ejercen cualquier tipo de comportamiento político. A menudo en los países europeos las culturas parroquiales y de súbdito están sutilmente establecidas y alimentadas por el propio poder político, económico y mediático, ya que el sistema democrático necesita de una estabilidad y «aceptación» por parte de la ciudadanía, a la que prefiere, en cierta medida, despolitizada y desinformada para que no exista un cuestionamiento a las decisiones o no – decisiones [6] del Gobierno.
A partir de esta clasificación y para el caso particular de España, con el fin de mejorar la calidad democrática para que la ciudadanía sea capaz de transmitir sus demandas a la clase gobernante de forma factible, así como de oponerse de forma efectiva a las medidas inaceptables socialmente, es necesario un cambio en el paradigma en la cultura cívica que haga transformar las actitudes de súbdito y parroquial hacia actitudes racional-activistas o participativas. A raíz del descontento social derivado de la crisis económica y el despertar de algunos sectores que se oponen a las políticas de austeridad y recortes, se podría decir que es el momento de desbloquear los frenos que impiden acelerar la cultura cívica y participativa en beneficio de la cultura de súbdito. Esto representa la clave de bóveda para la emancipación política de la sociedad.
Relacionando ambas teorías y centrándonos en el estado actual de la sociedad española, habría que, en primer lugar, luchar contra el tipo de capital social perjudicial para el sistema, es decir, la corrupción, el fraude y el clientelismo. En segundo lugar, engendrar capital social cívico que mejore las reglas sociales y organizativas. Y por último, hacer que los ciudadanos confíen en el sistema y en la política para que puedan adoptar una cultura cívica participativa que sea efectiva, es decir, con la que obtengan algún resultado. El trabajo no es tanto para la población, ya que el activismo no es un deber, sino para el poder político que debería facilitar esta emancipación política o concienciación de la ciudadanía así como la recepción de demandas creando, por ejemplo, mecanismos de democracia directa o aumentando los medios que permitan al ciudadano participar de las decisiones políticas – los cuales son casi inexistentes en el Estado español – y no ponerles obstáculos o ignorar.
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[1] European Industrial Relations Observatory (EIRO), Trade Unions membership in Europe, 2003-2008
[2] Anduiza, E. y Bosch, A. (2004)
[3 ] y [4] CIS (marzo 2013). En enero del mismo año la clase política era el tercer problema para los encuestados y la corrupción era el cuarto.
[5] CIS (enero 2013).
[6] Meny y Thoering (1992) entienden que el concepto de “no-decisión” implica una serie de actividades con la finalidad de legitimar la no acción de una autoridad pública. La autoridad decide no decidir sobre un problema.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Almond, G. y Verba, S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press.
Anduiza, E. y Bosch, A. (2004), Comportamiento político y electoral, Editorial Ariel, Barcelona.
Meny, I. y J. C. Thoenig (1992): Las políticas públicas. Editorial Ariel, Barcelona.
Putnam, R. (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
CIS (2013), Avance de resultados del barómetro de marzo.
CIS (2013), Barómetro enero 2013
CIS (2011), Representaciones políticas y movimiento 15M
CIS (2011), Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas.
Política Crítica 
