L. Felipe Martín Gómez
OPINIÓN: La crisis europea es la crisis de la paciencia, de la educación, a la altura del agotamiento social. En ella muchos ciudadanos llegan al límite de la impotencia sosegada. Cuando todo aún puede ir a peor, el ciudadano se encuentra irreconocible, desprotegido de sí mismo, rodeado de lo absurdo y ahogado por no poder gritar.
La crisis económica, financiera, política y social que atraviesa el viejo continente va camino de cumplir su décimo aniversario. De acuerdo a las nuevas previsiones de los distintos organismos, y a lo largo de este periodo, hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo, a vivir en la desigualdad. No todos los países son iguales, ni las personas las mismas, ni las circunstancias semejantes. Esa Europa sin unión ha desmembrado sus vergüenzas en muy poco tiempo, dejando entrever la peor cara de la moneda, la del dinero.
Las tensas movilizaciones en Grecia o Portugal, la subida de tasas universitarias en Gran Bretaña, el movimiento 15M en España o las persianas bancarias de Chipre, son algunos de los ejemplos que han provocado los hitos de representación ciudadana mas destacados de estos tiempos. Pero la paciencia se agota y la crónica sin-salida fuerza al correcto ciudadano en su intento fallido de ocupar eternamente las calles, a pronunciarse en las innovadoras revoluciones de este nuevo siglo.
Las nuevas tecnologías están jugando un papel importante en favor de los ciudadanos y de su revolución. Concentraciones, movilizaciones o reivindicaciones a través de la red están marcando la agenda de la manifestaciones en su estado puro. Pero parece que hasta la máxima presión es incapaz de cambiar las posiciones de políticos y poderosos, como sucede en el Estado español.
El límite de la paciencia en España lo marca, cómo no, el ladrillo. Los desahucios y los engaños hipotecarios son los más claros ejemplos sociales de una ciudadanía que no puede más. ¿Hay algo más duro que perder tu casa, tu intimidad, tu todo? Que el español de a pie sea capaz de empatizar con alguien que pierde su casa por no tener ingresos en un país donde más del 25% de la población activa está parada, es algo sencillo para ponerse en marcha, y más aún cuando quienes está al otro lado son políticos y banqueros.
La plataforma Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios han tenido la capacidad de saber trasmitir las consecuencias de esta injusta crisis a prácticamente toda la población. Su voz, aunque se alza desde hace años, alcanza una fuerza sin precedentes a finales de 2012. El rescate bancario a España, el aumento imparable de desahucios y la visualización de suicidios que atienen directamente a esta circunstancia, hacen de la causa de la vivienda una cuestión de Estado.
La alarma social llega hasta el debate del Congreso, donde el Gobierno y la oposición entran en una acalorada discusión en busca de soluciones ante lo que ya es el titular social del momento. Soluciones y más soluciones es a lo que se compromete el Gobierno sin alcanzar ni acuerdos ni calendarios y vuelven a ser estos movimientos ciudadanos los que, entrado 2013, vuelven a ganar, no una sino dos batallas al poder político de este país.
Por un lado, el Tribunal Europeo concluye que el Estado Español es responsable de permitir cláusulas abusivas en un alto número de préstamos hipotecarios, así como advertir a España de su obsoleta legislación a este respecto. Por otra parte, estos movimientos son capaces de alcanzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sin precedentes en este país. Casi 1.500.000 de firmas a favor de poner en marcha una serie de “mínimos” para solucionar el problema de los desahucios.
La entrada de la ILP en el Congreso español marca el pistoletazo de salida hacia una nueva batalla de rebelión, un paso más allá, un respiro social a la agotada paciencia española. El partido del Gobierno, a punto de bloquear el debate de la ILP, augura su rechazo al mismo, lo que hace maniobrar a estos movimientos hacia una nueva estrategia de presión, el “escrache”.
Procedente de Latinoamérica, «escrache» se denominó allá por los noventa a las movilizaciones pacíficas en los domicilios de personas que no respetaban los derechos humanos. En España el «escrache» se da a conocer en los medios de comunicación, donde representantes de los movimientos antidesahucios proponen ir a informar a los congresistas a sus propios domicilios sobre las consecuencias de la dirección de su voto ante la ILP.
¿Es el «escrache» un acto de desobediencia civil? La paciencia española ya había formulado una movilización controvertida en 2012, cuando el movimiento 25S Rodea el Congreso propuso manifestarse a las puertas de la Cámara Baja en sesión plenaria, acto considerado ilegal por la legislación y que conllevó a que la intervención policial, así como la defensa política del Estado de Derecho, fuera muy dura ante la opinión pública, doblegando a los límites de la indefensión de los cansados indignados. Este hecho, sin duda, siembra de imaginación el ejercicio de presión ciudadana, quizás un «escrache» es lo conveniente, sin cuestiones legales ante la Constitución y llegando de una vez por todas a los responsables de esta situación, los políticos.
El derecho a la intimidad no es cuestionado cuando pasa por aguantar al político de turno que en campaña electoral acude a tu casa para presentarte su programa, pero cuando es el ciudadano el que acude a casa de un político la situación cambia, y mucho. Los «escraches» en España no se han producido en ningún margen de violencia pero llamar a la casa de un político o protestar en su calle sí puede llegar a ser cuestión de estado, y ésa es la demostración política las distintas movilizaciones de los últimos meses.
Distintos dirigentes del partido del Gobierno han definido estos actos de violentos, terroristas o nazis, demostrando que la verborrea política no tiene barreras, mucho menos sensibilidad, ante una voluntad ciudadana respaldada por más del 80% de la población según diversos estudios publicados en medios españoles. Sin duda, la estrategia del Gobierno para alcanzar su objetivo de no aprobar la ILP tensa una situación que hace pronunciarse hasta los mismísimos jueces, repasando a pies juntillas cuales son los derechos constitucionales de este país, que por el momento ampara la libertad democrática de sus ciudadanos, a expresarse, a manifestarse.
Hablemos de “lo correcto”, ético o moral. Desde luego, un “escrache” no es agradable para quién lo sufre y hemos de entender cuales son las funciones de un político, por lo que sensatamente hemos de condenar cualquier actuación que pueda atentar en lo personal, pero ¿Qué hacer cuando has perdido todo, cuando la calle ya no vale de nada? La situación de indefensión política generada en España se visualiza a través de “escraches” no en actos de desobediencia civil, lo que sigue marcando la paciencia y madurez democrática de un país agotado.
Aún presionando un poco más allá, la intervención política sigue siendo nefasta, ni los “escraches” ni la opinión ciudadana han valido para sacar adelante una iniciativa para solventar un problema de tal gravedad. Mientras, los españoles siguen demostrando un infinito saber estar ante una crisis crítica que no acaba, donde los políticos una vez más siguen demostrando su ejercicio de clasismo e insensibilidad ante aquellos que un día les eligieron para que les representasen.
Política Crítica 
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