MUNDO: Para que las reformas de las organizaciones políticas y del sistema electoral sean efectivas, necesitan ciudadanos informados y que sientan interés por la política.
La Ley de Transparencia, que se encuentra en la comisión Constitucional de Enmiendas del Congreso, es el primer paso para combatir la corrupción. Pero, para conseguir que en España exista un desnudo integral y las instituciones rindan cuentas ante los ciudadanos es necesaria una reforma tanto de los partidos políticos como del sistema electoral. Estas han sido las conclusiones del primer seminario-debate que organiza Transparencia Internacional España con el objetivo de «generar y aportar ideas» para poner freno a la corrupción, tal y como aseguró el presidente de la ONG, Jesús Lizcano.
La necesaria democratización de los partidos
En España los partidos políticos tienen un déficit democrático. La disciplina de partido que rige la actuación de todos sus integrantes y las cúpulas directivas que marcan las líneas a seguir, no dejan lugar al debate y a la participación. Si bien es cierto que una organización política «no se puede abrir al 100%» porque «deben tener la capacidad de autorganizarse», como explica el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín, sí necesitan realizar una serie de cambios.
El catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria, asegura que el primer punto que deben mejorar los partidos es «la selección de los candidatos». El escritor César Molina apuntó que sería saludable que existiera «más competencia interna entre los líderes y aquellos que quieran serlo». En este sentido los ponentes hicieron hincapié en acabar con los métodos de cooptación ya que éstas prácticas echan de la política «a los más capaces en favor de los más leales», afirma Molina.
Otras reivindicaciones son reforzar las incompatibilidades y establecer un tope en el mandato. De esa manera, asegura Villoria, «disminuye la profesionalización de la política» y se evita que sea «el modus vivendi de los políticos», añade David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional. Sin embargo, Vallespín abre el debate y asegura que no hay «incentivos» para ejercer la política.
La financiación de las organizaciones políticas también es un aspecto crucial para disminuir la corrupción. Incrementar la transparencia en la gestión de los fondos públicos, vigilar los topes de los gastos de campaña y los gastos en los miembros del partido así como incorporar auditorias son cambios necesarios que se deben introducir, recomienda Villoria. Además, incluir a las agrupaciones locales en el control de la financiación es esencial pues Felipe García, consejero en el Tribunal de Cuentas, asegura que en las últimas elecciones municipales «más de 1.600 formaciones políticas» tuvieron que ser investigadas.
Por último Vallespín pone el énfasis en que el problema para los partidos es el cambio en la democracia representativa. «Antes el representante estaba, actuaba y hablaba en nuestro lugar cuando ahora lo podemos hacer nosotros». «La democracia representativa tiene un problema con la comunicación política» que «exige repensar la manera en que los políticos se comunican con militantes, representantes y ciudadanos».
Las deficiencias del sistema electoral español
En la Transición, el diseño del sistema electoral se pensó para garantizar la gobernabilidad y estabilidad del país por encima de asegurar la representatividad de los ciudadanos. Sin embargo, el equilibrio buscado ha tenido como consecuencia que España se caracterice, según el catedrático de la UAM,José Ramón Montero, por «ser el país con un sistema proporcional con mayores dosis de desproporcionalidad» que se ceba con los terceros partidos estatales y favorece a los dos grandes partidos. Según Montero, las posibles reformas que se pueden introducir van desde «el aumento del tamaño del distrito electoral» hasta «cambiar la fórmula d’Hondt» o «ampliar el Congreso» ya que tiene un tamaño similar al de Malta.
Para conseguir gobernabilidad se intentó crear unos partidos compactos a través de listas cerradas y bloqueadas. Como consecuencia, los ciudadanos no pueden elegir directamente al político que desean que les represente sino que votan a una lista predeterminada. Si se desbloquearan las listas los ciudadanos tendrían la libertad de escoger al representante y la capacidad de castigar a los procesados por corrupción que no han sido eliminados por sus partidos.
Ciudadanos informados y comprometidos
Sin embargo, cambiar el sistema electoral es muy difícil ya que como dice Montero «tiene que ser reformada por los actores que se benefician» de las desviaciones. Además, para que el sistema de listas abiertas funcionara y la democratización de los partidos tuvieran efecto los ciudadanos deberían disponer de toda la información del político que se presenta y, sobre todo, «tener interés por la política, un déficit actual que sitúa a España a nivel de Rusia, Hungría o Eslovaquia», informa Montero.
A las reformas anteriores se suma la necesidad de recuperar la ética por parte de los partidos y de incorporar contenidos éticos en la educación para concienciar a la ciudadanía de las consecuencias negativas de la corrupción y de la relevancia de su participación en la política como actores que exigen y vigilan. Vallespín advierte que «no hemos sido unos ciudadanos responsables» y que si «no lo asumimos, los políticos siempre acabarán buscando mecanismos para eximirse». «Es necesario vigilar y perseguir» pues «donde hay una sociedad vigilante hay menos corrupción».
Política Crítica 