Los españoles ‘suspenden’ a la Monarquía 1

MUNDO: La pérdida de popularidad de la Corona a raíz de los recientes escándalos puede marcar un punto de inflexión en la legitimidad del sistema monárquico español. No se trata de algo coyuntural, el desprestigio viene de otros factores que tienen su origen en la Transición española.

Cristina Saiz Brugués

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El Rey Juan Carlos durante su último discurso de Navidad. Fuente: http://www.huffingtonpost.es

Por segunda vez, desde el inicio de la democracia, la Monarquía española vuelve a obtener un suspenso por parte de la población. Según el último barómetro del CIS, los encuestados puntúan la confianza hacia la Institución con un 3,68 sobre 10, número que se sitúa por debajo de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía, los medios de comunicación y el Defensor del Pueblo. En octubre de 2011, la nota fue del 4,89. Tradicionalmente, la Monarquía era una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos; en 1995 la calificaron con un 7,48. A pesar de que el resto de instituciones políticas denotan valores aún  más bajos, el dato es inquietante y demuestra la actual caída de popularidad de la Casa Real. Además, en el mismo barómetro, la Monarquía entra en el listado de las principales preocupaciones de los españoles, aunque lo sea sólo para el 0,9% de los encuestados.

Grado de confianza de los ciudadanos hacia la monarquía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CIS

 Es evidente, entonces, que la Monarquía y la Casa Real se encuentran hoy en su peor momento histórico en términos de prestigio. Una serie de recientes acontecimientos desafortunados han ayudado a la pérdida de popularidad y a engendrar cada vez más opositores hacia el actual rey, Juan Carlos I de Borbón. Los escándalos que a continuación se describen son causas directas del suspenso que la población da a la Monarquía pero, como se trata de analizar en este artículo, actúan de refuerzo a un desafecto creciente ya pronosticado.

Causas coyunturales directas: antecedentes recientes a tener en cuenta

1. El “Caso Urdangarín” deriva en la imputación del yerno del rey, Iñaki Urdangarín, dentro de un proceso judicial por una serie de delitos relacionados con corrupción. Según la acusación, se le atribuye una actividad delictiva premeditada, falsedad documental, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración, es decir, delitos dirigidos a la apropiación de fondos públicos mediante convenios suscritos por gobiernos autonómicos y su colocación en paraísos fiscales.

2. El episodio accidental del nieto mayor del rey mientras usaba una escopeta de caza, no permitido para los menores de edad.

3. El polémico incidente que tuvo el monarca durante una cacería de elefantes en Botswana. Mientras los medios focalizaron la noticia en el estado de salud del rey y no tanto en su actuación y los principales partidos políticos hicieron la mínima mención posible al respecto, la opinión pública lo percibió como una falta grave del monarca. Incluso, el propio Don Juan Carlos pidió disculpas públicamente por lo acontecido: «Me he equivocado y no volverá a ocurrir».

4. La entrada de la princesa Corinna en el escenario real. Unos correos electrónicos de Urdangarín delataron la implicación de la empresaria alemana en el caso investigado e hicieron pública la relación de la princesa con el monarca.

5.  La imputación de la infanta Cristina en el caso Urdangarín, que fue citada a declarar por el juez Castro. Días después y  tras un recurso presentado por el fiscal Pedro Horrach alegando la inexistencia de pruebas para la acusación de la Infanta, la citación es aplazada y, finalmente, anulada.

6.  La crisis global actual hace que la ciudadanía desconfíe del conjunto de instituciones del Estado y a consecuencia de esto la Monarquía es también castigada por la población. La Casa Real no puede escapar del hecho de que en la actualidad se perciba con escepticismo todo lo relacionado con política.

Causas estructurales: factores que influyen en la actual crisis de la monarquía

1.- El fin del silencio mediático respecto a la monarquía.

Varios autores como F. Rodríguez García, R. Zugasti o M. Carrillo hablan del tabú periodístico que ha existido en España, desde la Transición hasta el año 2011, sobre todo en lo relativo a la Casa Real y, más concretamente, a la figura del rey Don Juan Carlos. Rodríguez García (2007) habla de la existencia de un “imaginario monárquico” que define como una «construcción simbólica que pretende introducir en la mente de los públicos la aceptación sin crítica de la monarquía como institución de carácter natural, que debe ser admitida como tal sin discusión posible». Es en 2011, a raíz de los escándalos antes anunciados, cuando los medios de comunicación rompen con su tradicional dinámica y la monarquía empieza a predominar en los titulares de los principales medios españoles mientras que las noticias relacionadas pasan a ocupar importantes posiciones en las noticias políticas y económicas.

Los teóricos que describen el tabú periodístico encuentran su punto de origen en el Real Decreto-Ley de 1977 sobre la libertad de expresión. La ley, que derogaba la Ley de Prensa franquista de 1966 y que es anterior a la aprobación de la Constitución, proclama el «secuestro de cualquier información que perjudique a la unidad de España, a la Monarquía y a las Fuerzas Armadas». Esto significó una  autocensura inicial por parte del régimen de entonces destinada a evitar el debate público, en seno mediático, sobre el papel de la Monarquía en la posterior etapa democrática. La premisa de dicha ley era, según Ramos Fernández (2013), uno de los medios jurídicos usados para la transformación del franquismo en monarquía parlamentaria y así evitar un referéndum/consulta sobre el sistema político a implantar una vez instaurada la democracia. De ello también se encarga el código penal en los artículos 490 y 491[1] con previsiones que protegen hasta los antepasados y sucesores del rey.

Además, los medios, ayudaron a conformar una primera imagen del monarca que perdura hasta la actualidad: actor democratizador,texto imaginario con papel protagonista en la consecución y posterior mantenimiento de la democracia (Transición española y actuación en el golpe de estado del 23F). Del mismo modo se encargan de hacer llegar a la población la imagen de un jefe de Estado cercano al pueblo y muy campechano.  Entonces, no es extraño entender la opinión de muchos cuando se declaran Juancarlistas más que monárquicos.

Chomsky y Herman (2001) señalan que el “poder mediático” establece los marcos contextuales del orden del día y elimina aquellos temas inconvenientes, en la misma línea de la teoría que define a los medios como principales “agenda setters”, es decir, delimitadores de la agenda política del momento. Asimismo, postulan que mediante la transmisión de mensajes simbólicos para el ciudadano medio inculcan valores y pautas de comportamiento para que este se integre y, por lo tanto, acepte las estructuras institucionales de una sociedad. En España los medios han sido tradicionalmente el actor mejor posicionado para crear un “imaginario monárquico” que considere la monarquía y el rey como dos elementos casi naturales en el sistema moderno, como parte ineludible de la democracia española.

2.- El establishmentde la monarquía a través de la transición

La Transición española es considerada como el resultado de un consenso entre todas las fuerzas políticas existentes en ese momento en el país. Nuevamente, los medios han ayudado a crear ésta imagen idealizada de un proceso exitoso en el que todos los actores cedieron para obtener un modelo de Estado aceptado por la mayoría. La Constitución de 1978 es fruto de este “consenso” y se caracterizó por ser modélica y por ser una de las más avanzadas de las que existían a finales de los setenta en Europa.

De todo el proceso transitorio hacia la democracia, siempre resuena la idea de que los protagonistas fueron Adolfo Suárez y el rey Don Juan Carlos. De aquí que parte del carisma del que ha gozado el monarca proviene de su “aceptación” de un sistema democrático y su cesión de poder como jefe de Estado al Parlamento, creando así el sistema de monarquía parlamentaria. A pesar de ello, hay que desmitificar la idea de que fue una transición de consenso social e igualitario ya que, entre otras cosas, fue fruto únicamente de las fuerzas políticas y no de la población en su conjunto (Sastre García, 1997). Además, el conjunto de la elite política negociante estaba algo desequilibrada, porque permitió la entrada de las fuerzas de izquierda pero dentro de un contexto en el que las fuerzas conservadoras y tradicionales tenían gran influencia en el aparato estatal y en los principales actores económicos.

Por lo tanto, la Transición fue un pacto entre las elites fruto de un debate político con una marcada ausencia de la ciudadanía. Algunas líneas de investigación apuntan que hubo voces[2] que solicitaban la culminación del proceso transitorio con una consulta/referéndum popular sobre cuál era la mejor forma de Estado y de sistema político para el país y nunca se llevó a cabo. Sí se recurrió al referéndum popular para aprobar la Ley para la Reforma Política del 1976 y la Constitución de 1978. Este último referéndum estuvo marcado por una alta tasa de abstención. Es decir, la población, que vivía unos momentos difíciles y de incertidumbre y que se encontraba desmovilizada y desinformada acerca del modelo a adoptar votó a favor de dichas leyes en las que el tema de la monarquía quedaba plasmado, atado y cerrado.

Esta ausencia de referéndum sobre si el pueblo deseaba un sistema monárquico o republicano es fundamental para entender la situación en el cual nos encontramos a día de hoy. Si se hubiera llevado a cabo, quizás ahora no existiría el sentimiento de “imposición” de una monarquía, un sentimiento que demanda la posibilidad de expresar la opinión sobre la articulación de la jefatura del Estado, lo que exige rescatar el debate público que en ese momento se imposibilitó. Después de cuatro décadas de democracia consolidada se hace cada vez más difícil justificar un modelo de estado monárquico no elegido por la propia ciudadanía y cada vez es más frecuente percibir la carencia de legitimidad popular que existía en la Transición.

3.- Papel de la constitución y la justicia entorno a la figura del Jefe del Estado
La Corona queda delimitada en la Constitución en el Título II. A modo de resumen se puede decir que, a partir de la definición que encontramos en el artículo 56, el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, representante del Estado en las relaciones internacionales y que ejerce las funciones que la misma, más las leyes, le atribuyen. Entre estas funciones destacan estar al mando de las Fuerzas Armadas, sancionar y promulgar las leyes, proponer al candidato para formar gobierno después de unas elecciones y convocar y disolver las Cortes. Sus cometidos representan, al fin y al cabo, funciones eminentemente simbólicas y vacías de poder tácito. Su papel en política es limitado ya que sólo puede tomar decisiones de carácter político cuando están refrendadas por el presidente del Gobierno, ministros o la presidencia del Congreso.

legitimidad textoA parte de esto, encontramos en la Constitución algunas incoherencias que cabe destacar. Mientras el artículo 14 reconoce que «todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social», el artículo 56.3 establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Por tanto, la premisa de que los españoles son iguales ante la ley choca con esta prerrogativa del Rey, que goza del privilegio de actuar libremente sin poder ser juzgado. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal encontramos plasmada la misma prerrogativa que se extiende a otros miembros de la Casa Real como la Reina y los Príncipes herederos.[3]

Otra singularidad es el carácter sexista que se desprende del artículo 57.1 sobre la línea hereditaria donde prevalecerán como sucesores lo primogénitos varones. La premisa resulta arcaica y discriminatoria en una sociedad democrática del siglo XXI.

La falta de transparencia es otro factor a mencionar. Los presupuestos del Estado otorgan al Rey una cantidad que él distribuirá libremente según crea. Ha sido a consecuencia de los últimos escándalos cuando se ha empezado a debatir, en seno parlamentario, la aprobación de una ley de transparencia que obligue a detallar las cuentas y partidas en las que gasta la Casa Real, ocultas hasta el momento.

La Constitución se encarga de blindar jurídicamente la Corona en el sistema democrático. Este hecho suma, al déficit de legitimidad inicial del que dispone el Rey, que no es elegido, un déficit de control hacia la institución. Sin embargo, toda lógica democrática dicta que cualquier institución debe ser controlada por la ciudadanía.

4.- Cambio generacional

La caída de popularidad de la Monarquía responde, además de todo lo dicho hasta ahora, a una brecha generacional estructural que hace que los menores de 40 años, es decir, los ciudadanos que no vivieron la dictadura franquista ni la Transición, no reconozcan el papel del rey al que repentinamente se le atribuye en advenimiento de la democracia. Según la encuesta realizada por Metroscopia en abril entre los menores de 40 años, 7 de cada 10 no asumen la pervivencia de la institución. Según datos del CIS, en 2010 y por tanto antes de los escándalos, los menores de 35 años ya suspendían a Don Juan Carlos con una nota del 4,85 mientras el resto lo aprobaba puntuándole con un 5,6.

Los jóvenes, en su mayoría, no ven a la Monarquía como un fenómeno natural como tampoco experimentan ese “deber moral” hacia el jefe de Estado como sí pasa entre la población que vivió la recuperación de la democracia. Esta brecha generacional, como es lógico, va en aumento con el paso de los años. En general, antes de los escándalos recientes, este grupo de población no es que se posicionara frontalmente en contra de la    Monarquía o del rey pero tampoco tenían ningún sentimiento a favor. Así, el grupo era claramente potencial a oponerse a la Monarquía si esta no respondía a las pautas democráticas y así lo ha hecho a consecuencia de los últimos acontecimientos. Son sobre todo los jóvenes los que reclaman, ahora, su derecho de pronunciarse sobre la forma de organización del Estado, el derecho a elegir entre república o monarquía.


[1] Artículo 491.

1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.

2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.

[2] Ejemplos: En la reunión del Movimiento Europeo de 1964 llamado “Contubernio de Munich”, años después la Junta Democrática o en las propias negociaciones entre la oposición y don Juan de Borbon. (Ramos Fernández, 2013). 

[3] Artículo 410: Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley.

Artículo 411: Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino.

También están exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso, y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados.

Artículo 412.1. Estarán exentas también de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por escrito las demás personas de la Familia Real.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Carrillo, M. (2001): “El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España (1975-1978)”. Historia Constitucional (revista electrónica).

Chomsky, N. Herman, E. (2001): Los guardianes de la libertad. Barcelona: Crítica.

Madariaga, S. (1978): España. Ensayo de historia contemporánea. Madrid: Espasa Calpe.

Ramos Fernández, F. (2004): La utilización publicitaria de la imagen del rey y de la familia real. Ámbitos, Revista Internacional de Comunicación. Universidad de Sevilla.

Ramos Fernández, F. (2013): El tabú periodístico de la monarquía en España. La crisis real y la crisis coyuntural. Revista Latina De Comunicación Social. Universidad de Vigo.

Rodríguez García, JL.(2007): Panfleto contra la monarquía. Madrid: La Esfera de los libros

Sastre García, C. (1997): Transición y desmovilización política en España (1975-1978). Universidad de Valladolid. REIS nº80.

Zugasti, R. (2005): La legitimidad franquista de la Monarquía de Juan Carlos I: un ejercicio de amnesia periodística durante la transición española. Comunicación y Sociedad. Volumen XVII: Número 2.

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