Se busca modelo de integración regional. ¿Unión Europea o Unasur?

Desde hace más de dos décadas, las formas de integración regional en el mundo han tenido su icono referencial en el funcionamiento del proceso transnacional que profundizó Europa con su Comunidad Económica. Este modelo ha tenido especial interés en el debate político y académico en Latinoamérica, aunque ha sido el punto de vista económico el nudo que ha facilitado ¿o no? el debate real sobre una comunidad sin fronteras.

Eduardo Alvarado Espina

Los antecedentes: un asunto meramente comercial

Desde un comienzo, la integración en Europa tuvo una perspectiva más económica que política y/o social. El surgimiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero [1] (CECA) a mediados del siglo pasado –primer antecedente de la actual Unión Europea (UE)– es consecuencia directa de un plan de recuperación económica para los seis países fundadores –Alemania Occidental, Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y Luxemburgo– que buscaron ampliar sus exportaciones e importaciones industriales, en una Europa que aún se relamía las heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial.

El desarrollo de la CECA fomentó el impulso de nuevas perspectivas de integración, ante lo cual, los Estados fundadores, dieron un nuevo paso en dicha dirección. Es así como, el 25 de marzo de 1957, se firma el Tratado de Roma que da origen a la Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM). La CEE amplia y sustituye la versión basada en el comercio sin aranceles del carbón y el acero.

La CEE se planteó desde un comienzo la eliminación de las barreras aduaneras y fronterizas que existían entre los Estados que la constituyeron –y entre todos los que constituirían la UE en un futuro[2]–. Esta eliminación de barreras, salvando el caso de la libre circulación de personas, estaba orientada a crear una unión aduanera y un mercado común que impulsara la libertad económica en base a la libre circulación de capitales, servicios y mercancías. De esta forma se profundiza en la integración económica –la primera política comercial fue la Política Agrícola Común (PAC)– pero sin avanzar en la integración política, es decir, en la integración de la ciudadanía y de la  institucionalidad política.

Una integración política supeditada al poder económico

La actual UE, un organismo supranacional compuesto por un tripartito de poder –Consejo, Comisión y Parlamento– parece estar muy lejos de representar los intereses de los ciudadanos europeos, como bien llegó a señalar Stéphane Hessel en 2010. Como ha sido la tónica desde su fundación, los objetivos reales de la cooperación y la reconstrucción de los Estado europeos de la postguerra han estado directamente vinculados  al interés de la industria, primero, y del capital financiero, después.

Desde el Tratado de Maastricht hasta la actual crisis económica, la UE ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a imponer criterios de austeridad y flexibilidad para que los Estados miembros reduzcan su gasto social, paupericen las condiciones laborales y privaticen sus activos sociales, siguiendo la receta económica neoliberal que bien identifica la ideología de los Gobiernos de la actual derecha europea –Alemania, Holanda, Suecia, España, Portugal, Reino Unido– y los técnicos que deciden, ya sea en el Banco Central Europeo (BCE) o en la Comisión Europea, las políticas a implementar.

Por su parte, la convergencia de la moneda única ha profundizado la presión para llevar adelante «planes de ajuste» –un eufemismo para evitar utilizar eliminación de la seguridad social– que han deteriorado aún más la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones de Bruselas. Así es como la mayoría de países que cumplen con el techo de gasto público o pacto de estabilidad, son los que carecen de Estados que potencien la cohesión social y que garanticen derechos universales (ex URSS con planes neoliberales desde los años 90’).

Todo esto permite señalar que el proceso integrador europeo se ideó con el objetivo de aumentar los excedentes de capital y la competitividad de la industria europea, más que de trazar un camino que tuviese como consecuencia directa la construcción de una ciudadanía política y social que diera identidad común a las poblaciones del viejo continente. Las instituciones europeas –aún más desde el Tratado de Lisboa– ya no son sólo un centro repetidor de ideas de la oligarquía económica, mientras que los Gobiernos nacionales funcionan como sus correas de transmisión.

La ausencia de unión ciudadana tiene como consecuencia el resurgimiento de un sentimiento antieuroepeísta, que parecía extinguido con el final de la Segunda Guerra Mundial. Los ultranacionalistas se han hecho eco del malestar que están generando las políticas anticrisis de la UE en las poblaciones de los países más afectados por la debacle económica, para aumentar su representación en varios parlamentos nacionales[3], mientras que quienes creían en una Europa más cercana a garantizar y mejorar los derechos políticos, económicos y sociales de sus habitantes ven con estupor que el modelo de integración camina en sentido contrario, deseando escapar del mismo y fundar otro totalmente distinto. El sueño europeo está siendo devorado por la voracidad de unos pocos.

América del Sur: más de un relato para una política común

En América del Sur los proyectos de integración política o económica han discurrido por distintos derroteros. Por un lado, se han impulsado y ratificado tratados que apuntaban a la creación de un mercado común al igualar aranceles aduaneros entre países –el caso de Mercosur– y otros para favorecer ciertos productos estratégicos, como el Pacto Andino. Mientras que por otro lado, poco y nada se había escrito y hecho para implementar una unión política, más allá de declaraciones conjuntas de jefes de Estado u operaciones militares conjuntas en tiempo de paz –Chile-Argentina– entre algunos países. Lo que más se ha repetido en el subcontinente, durante los casi dos siglos de repúblicas independientes, son conflictos limítrofes y comerciales.

El surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) –organismo compuesto por todos los Estados de América del Sur[4]– ha venido, al parecer, a ocupar un espacio que los relatos nacionalistas habían permanentemente dinamitado; la idea de avanzar en una integración política y económica de los Estados suramericanos ha estado siempre limitada por los intereses y el poder que detentan las oligarquías nacionales en cada país. Por ese motivo, imponer un nuevo espacio político de coordinación e integración intergubernamental ha supuesto un notorio avance frente a las posiciones de gran parte del poder económico regional y mundial.

No se puede llegar a describir la cantidad de tratados de cooperación económica e integración comercial que existen a nivel subregional sin que esto no signifique escribir cientos de páginas para hacerlo. Los más conocidos son el Mercosur[5] y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) –una organización interestal que buscó favorecer el comercio desde y entre Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia[6]–, los cuales no superan la posición formal de la unión aduanera. También hay países que cuando se trata de generar espacios de cooperación bilateral o multilateral prefieren hacerlo fuera de la región, como es el caso de Chile. Esta realidad cooperativa regional multipolar y contradictoria es en la que se mueven los encuentros de Unasur, sin que se haya podido todavía integrar en un solo pacto todos los tratados de asociación que existen.

Pero aún más, la integración en esta zona del mundo no sólo depende de los arreglos formales que imponen la política y el comercio internacional, sino también –y más importante incluso– resulta necesario superar las barreras construidas por décadas de relatos nacionalistas ultramontanos que han envenenado la cultura política de muchos pueblos cuando se trata de compartir, definir y describir con quienes habitan al otro lado de la frontera territorial que fija cada estado. Este es un punto que debe ser abordado con mayor intensidad al momento de generar estructuras de integración desde arriba, ya que los pueblos –con una historia, cultura, idioma y religión común– requieren de políticas de integración que les invite a reconocerse los unos en los otros, para que la multiplicidad de relatos nacionalistas se difuminen en el relato cultural común.

¿Es posible aplicar el modelo europeo en Suramérica?

Después de pasar revista a las realidades regionales de integración en Europa y América del Sur, es necesario saber si puede tener validez proponer o extraer elementos del modelo de integración europeo para llevar adelante un proceso de integración en Suramérica, como ya lo propuso España en 2009[7], o resulta mejor buscar un proceso que vaya más allá de la mera construcción de una institucionalidad que antepone el interés económico a la integración política y social.

A la fecha, el modelo de integración europeo ha conseguido más por los dueños e inversores de bancos y empresas de manufactura pertenecientes a los Estados miembros, que por los derechos y libertades de sus ciudadanos. Tanto es así, que la participación política en los procesos electorales es tan baja, que la abstención termina siendo mayoría. Incluso, la integración de los 27 Estados europeos no ha detenido la alta concentración de la riqueza –el 0,6% de sus habitantes son millonarios y su patrimonio equivale a la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) total– profundizando las diferencias dentro de los territorios nacionales y entre estos –los Estados del norte y centro de Europa siguen concentrando la mayor parte de la riqueza–. Estas deficiencias, que predominan en todo el mundo, también podrían verse amplificadas, en un supuesto ejercicio de integración en América del Sur, si se siguiesen los pasos y la dinámica de la UE.

Para obtener un proceso de integración político, social y económico que vele por el equilibrio entre estados, tanto en costes como en beneficios, en Suramérica habría que implementar un modelo político que se distancie de sus élites económicas y que supere cualquier perspectiva caudillista, ya que la única justificación que haría deseable un proceso como éste es la disminución de las asimetrías existentes entre Estados y los pueblos dentro de éstos.

En la actualidad Unasur representa un avance en comparación con tratados precedentes, que sólo son instrumentos de cooperación comercial, al intentar dar estructura y contenido a una posible comunidad suramericana de naciones, pero de forma aún insuficiente. Más allá de comisiones de coordinación y trabajo permanentes o de las reuniones de presidentes, ministros o de grupos sectoriales durante sus cumbres, el déficit de participación de los ciudadanos de cada país miembro sigue siendo muy alto. Hasta la fecha la apuesta, en este sentido, ha sido delegar en instrumentos preexistentes de cooperación –aquéllos que establecen comunidades como Mercosur o la CAN– sin que la divulgación de resultados obtenidos, si es que los hay, haya sido efectiva.

Resulta necesario que un proceso de integración de alta complejidad en América del Sur esté, primeramente, abocado a resaltar la alta convergencia, un plus único en el mundo, de tener una historia y una cultura compartida, junto a un idioma, el castellano, mayoritario. A diferencia de la actual Europa de los 27, Suramérica debería privilegiar un proceso de integración más horizontal en que los actores estén representados adecuadamente y sus instituciones tengan un valor real en la disminución de las asimetrías entre naciones, imponiendo desde un inicio una ciudadanía común antes que economía común.

El modelo europeo de cooperación e integración parece estar, ahora más que antes, muy lejos de ser lo más adecuado para una subregión americana que, de seguir la misma trayectoria, aumentaría la desigualdad y la pauperización de sus habitantes.

[1] Con la declaración inicial, del 9 de mayo de 1950, donde Robert Schuman[1] hace una llamada a la reconciliación entre las naciones europeas, junto a las intenciones de una integración más política, que pregonaba Joan Monnet[1], y la firma del Tratado de Paris, el 18 de abril de 1951, se daba inicio al primer acuerdo comercial común entre países encaminado hacia una integración supranacional supeditada a los aspectos económicos.

[2]  A los  seis países que conformaron la antigua CECA (1958)  se sumaron,  en estricto orden cronológico: Dinamarca, Reino Unido e Irlanda (1973); Grecia (1981); Portugal y España (1986); Alemania Oriental (1990); Austria, Finlandia y Suecia (1995); Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa (2004); y Bulgaria y Rumanía (2007).

[3] Son los casos de Amanecer Dorado en Grecia, el Jobbik en Hungría, el NPD en Alemania, entre otros.

[4] Actualmente compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

[5] Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, más los Estados asociados de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela.

[6] Comunidad Andina de Naciones, fundada en 1969, está compuesta en la actualidad por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, más los Estados asociados de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta comunidad también fue conocida como el Pacto Andino.

[7] En mayo de 2009, dentro del contexto de celebración de la independencia de los países latinoamericanos, España propuso sacar lo mejor del modelo de integración europea para replicarlo en los países americanos.