MUNDO: Según la Comisión Europea, el lobbismo es una actividad legítima en el sistema democrático. Para controlar a los grupos de presión que habitan en Bruselas, la Comisión creó un registro voluntario y determinó un código de conducta. Por ahora, las organizaciones apuntadas son casi 6.000 y van aumentado día a día. En España se dan pasos para que la transparencia sea una obligación en el ámbito público. El último avance es el anuncio de un registro obligatorio para los lobbies que quieran «participar en los procesos de consulta púbica».
La reforma de la Ley del Aborto es un misterio aún sin resolver. No obstante, han trascendido algunos detalles como, por ejemplo, que la nueva ley será similar a la de 1985, que la anomalía del feto sólo será motivo para interrumpir el embarazo en caso grave o que se mantiene el supuesto por daño psicológico de la mujer. A parte de estas informaciones, el ciudadano no conoce más datos. Bueno sí, que «un grupo de expertos secreto elabora la reforma».
Pero ¿quién integra ese grupo de expertos?, ¿a quién representan?, ¿qué intereses defienden? Las preguntas tendrían respuesta si en España la actividad de los grupos de presión –lobbies– estuviera regulada y si la transparencia fuera un valor y una obligación en la gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, que los lobbies den luz al proceso legislativo y que los ciudadanos dispongan de la información que aportan es, hoy por hoy, una utopía.
En España cada vez que se pronuncia la palabra lobby saltan todas las alarmas. La manipulación, los intereses económicos y la coacción de las multinacionales aparecen en las mentes provocando un rechazo inmediato en gran parte de los ciudadanos. Las connotaciones negativas del término pueden estar provocadas por el hecho de que en España los grupos de presión más potentes son las compañías eléctricas, el sector financiero y las constructoras. Los españoles recuerdan que el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, trabajó en Lehman Brothers o que el expresidente Felipe González es consejero de Gas Natural. Son sólo dos ejemplos. Dos muestras que evidencian el revolving doors y la conexión tan estrecha entre los políticos y los intereses de las grandes empresas.
Ahora bien, antes de caer en los tópicos, la pregunta que se debe plantear es ¿qué es el lobbismo? Según Jordi Xifra, profesor de Relaciones Públicas en la Universitat Pompeu Fabra, es «un proceso de comunicación persuasiva que se concreta en la relación con los poderes públicos». El objetivo principal de la actividad de estos grupos de presión es, tal y como especifica el Libro Verde en favor de la Transparencia, «influir en el proceso de elaboración de políticas y toma de decisiones». La segunda pregunta es ¿quién son los lobbistas? La representación de los grupos de interés la puede ejercer o bien personal integrado de la misma organización o bien profesionales independientes contratados para defender los intereses de terceros. Por tanto, los lobbies tratan de influir en el proceso legislativo mediante la negociación y la aportación de información técnica y útil para la toma de decisiones. En la medida en que las organizaciones pretenden influir en las políticas se convierten en grupos de interés, ya sea Foro Nuclear, Green Peace, Mercadona o la Asociación de Amas de Casa. Un ejemplo reciente de influencia en la actividad legislativa es el protagonizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, desde 2009, ha intentado por diversas vías llamar la atención del gobierno para modificar la ley hipotecaria. La PAH no intenta manipular al ejecutivo para que su organización tenga beneficios, sino que pretende conseguir una ley que proteja a los más vulnerables. La plataforma tiene unos objetivos sociales determinados con los que gran parte de la opinión pública está de acuerdo.
El papel del lobbismo en la democracia es un aspecto a analizar. Una de las carencias en el sistema político español es la insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia. La sociedad grita que quiere una «democracia real ya» porque sienten que los políticos no la representan. Desde que la crisis se convirtió en catástrofe, los ciudadanos han salido a la calle para pedir una sanidad pública y se han encontrado con el cierre de hospitales y la jubilación de 700 médicos de golpe; han firmado para pedir la dación en pago y el Gobierno descafeinó, poco a poco, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP); toda la comunidad educativa pidió la modificación de la LOMCE y el Gobierno la aprobó una semana después de la protesta. Los ciudadanos son conscientes de que si no participan, participan por ellos. Por eso, quieren tener un voto continuo y valorado en política. Las nuevas tecnologías ofrecen escenarios de diálogo y reflexión y deben ser exploradas y potenciadas para aumentar la voz de los ciudadanos. Pero la organización de la sociedad en torno a asociaciones también puede ser una alternativa para incrementar el feedback entre representantes y representados. Las acciones individuales pierden fuerza frente a la visibilidad que alcanzan las demandas de un interés colectivo, de ahí que practicar el lobbismo puede ser una alternativa eficiente para conseguir diálogo e influencia en las decisiones públicas.
Sin embargo, para convertir al ciudadano de actor pasivo a activo es necesario incrementar la cultura cívica en España. En el artículo “La cultura cívica y el capital social en España” de Cristina Saiz se especificaba que el tejido asociativo en el país ha sido tradicionalmente débil, realidad que dificulta la participación en los asuntos públicos. Otro dato que confirma esta deficiencia en la democracia española es que el 46,5% de la población no ha contactado o intentado contactar con un político para expresarle sus opiniones y, en un futuro, nunca lo haría. Ante esta situación es necesario que los poderes públicos implanten una educación que explique las reglas del juego democrático y que se incentive a la ciudadanía a participar.
Aparte de influenciar, los lobbies tienen la capacidad de «llamar la atención sobre temas importantes» que están olvidados e introducirlos en la agenda pública. Berta Barbet, politóloga y editora de Cercle Gerrymandering, en su artículo La función democrática de los lobbies, remarca que para que un tema llegue al nivel de visibilidad deseado, es necesario que cumpla tres condiciones: la percepción de que existe un problema, las propuestas para solucionar dicho problema y un contexto político favorable. Aparte de las tres condiciones, para que los intereses de los grupos se reserven un espacio en las agendas públicas y políticas, los lobbies pueden utilizar distintas estrategias. Por una parte, los lobbistas pueden actuar directamente, es decir, con llamadas telefónicas o reuniones con parlamentarios, o indirectamente utilizando a los «ciudadanos-electores para hacer valer una postura o un interés ante los poderes públicos» (Xifra, 1998). Por otra, el lobby puede actuar mediante el grassroots lobbying que, como explica Xifra, consiste en una «acción deslocalizada que pretende sensibilizar a terceros con el uso del marketing directo dirigido a los decisores públicos y a los medios de comunicación social» ( Xifra, 1998). Mientras en Estados Unidos esta técnica se usa con asiduidad, en Europa y, concretamente en España, «las organizaciones intentan presionar sobre el parlamento influenciando a la opinión pública a través de los medios» ya que cuando existe una fuerte disciplina de partido, «la movilización ciudadana difícilmente tiene éxito».
La regularización de los lobbies traería consigo una serie de consecuencias. La primera es que las grandes corporaciones que ya ejercen su influencia sobre los poderes públicos tendrían un contrapeso. Es decir, que si, por ejemplo, se modifica la ley de costas y sólo se negocia con las constructoras, el ciudadano puede protestar para que los parlamentarios escuchen y analicen la información de grupos ecologistas. La segunda es que los lobbies estarían sometidos a un control mediante el registro, el código de conducta, que ya recomienda la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), y un sistema de control y de sanciones. Por último, la profesionalización permitiría a la ciudadanía «estar informada de las aportaciones, a quién representan, cuál es su misión y cómo se financian» (Libro Verde, 2006).
Actualmente en España se ha anunciado la creación de un registro de lobbies y se debate la Ley de Transparencia, dos oportunidades para fomentar el buen gobierno. Hoy, el Gobierno tiene una ocasión de oro para garantizar la transparencia en el proceso legislativo y para reforzar el diálogo con la sociedad. Si la deja pasar y la voluntad política se queda en agua de borrajas, los ciudadanos se quedarán sin saber si la reforma del aborto está determinada por los intereses de la Conferencia Episcopal, Derecho a Vivir o Hazte Oír o, por el contrario, si también se incluye a organizaciones profesionales como la Organización Médica Colegial o la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
PARA MÁS INFORMACIÓN:
BARBET, Berta. La función democrática de los lobbies. Politikon. Disponible en: http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_es.pdf
Comisión Europea. Libro Verde. Iniciativa europea en favor de la democracia. Bruselas, 2006. Disponible en: http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_es.pdf
Fundación Alternativas. Crisis de la representación y los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Disponible en: http://www.falternativas.org/en/opex/activities/seminarios/crisis-de-la-representacion-y-los-desafios-de-la-democracia-en-el-siglo-xxi-18660
XIFRA, Jordi. Lobbying. Edición Gestión 2000. Barcelona, 1998.
Política Crítica 