MUNDO: El programa del Partido Popular que, sobre la marcha, está modificando la actuación política para paralizar la crisis sigue una línea neoliberal que, según estudios, no hará que mejore la situación social a corto plazo. Ni tampoco a largo plazo.
Tamara Fariñas R.
Más de 18 meses lleva el Partido Popular al mando del gobierno de un país que navega a la deriva bajo la peor tormenta de la democracia. Las leyes que teóricamente todo ciudadano del Estado debe seguir, plasmadas en la Constitución Española, no han servido de mucho en el último año y medio, etapa en la que más se han vulnerado los derechos de los españoles desde que la era franquista se diera por finalizada tras la muerte del dictador en noviembre de 1975. Ahora, 38 años después, la situación en la que se encuentran los derechos y garantías sociales de los españoles empieza a parecerse más a la de aquella época.
¿Dónde están los derechos fundamentales en la sociedad neoliberal?
Todos los artículos entre el 15 y el 55 de la Constitución Española son lo que se conocen como derechos fundamentales, es decir, todos aquellos derechos que son inherentes al ser humano simplemente por la razón de ser humano. Entre todos ellos, podemos encontrarnos con el derecho a la educación (art. 27), a la protección de la salud (art. 43) o a una vivienda digna (art. 47), así como los deberes del Estado de promover una serie de condiciones favorables para el progreso social y económico (art. 40), el acceso a la cultura (art. 44) o la puesta en marcha de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art.49). Sin embargo, cuando un Estado se entrena para la carrera que le convertirá en baluarte del neoliberalismo, la sociedad pierde y con ella, se van las garantías sociales. Es, en este punto, cuando hay que marcar la dualidad que se crea, por causa de la imposición del liberalismo, entre el Estado y la sociedad, que se convierten en entes autónomos y «claramente discernibles entre sí», según las palabras de Víctor Manuel Durán. En este sentido, la salvaguarda de esos derechos fundamentales del hombre corresponde al mismo funcionamiento libre de uno de esos entes: la sociedad. Sin embargo, en la lógica liberal, el Estado no tiene responsabilidad alguna sobre la prosperidad o el bienestar social.
Para entender la deriva neoliberal es necesario dar un salto hacia atrás y situarnos en los derredores de lo que se conoce como el Crack del ’29, para entender lo que fue el sistema liberal, germen de la nueva deriva de la derecha. El liberalismo surge como respuesta a «circunstancias concretas al interior del sistema-mundo capitalista, producidas por la disputa por la regulación entre la planificación y el libre mercado, surgida a inicios del siglo XX» y que coge más fuerza durante la crisis del capitalismo de 1929. El neoliberalismo nace pues, contra las formas de planificación centralizada —el Estado socialista— y descentralizada —el Estado de bienestar—, y argumentada sobre la base de que la autorregulación social provoca más problemas de los que puede solventar. Así pues, el debate que propone el neoliberalismo, según el economista ecuatoriano Pablo Dávalos, se hace sobre la libertad en sentido individual, por lo que la planificación de la que se habla implica una «transferencia de poder a una autoridad central que impide, en virtud de sus decisiones sociales, la libertad de elección individual», por lo que esa planificación lo que debe hacer es ceder los espacios a la competencia del mercado. De esta manera, los neoliberales han tenido que buscar una coartada para maquillar su objetivo real: la restauración del principio de mercado como regulador único del sistema-mundo capitalista. De aquí surge esa ideología a la que el Partido Popular ha echado más mano últimamente y que se caracteriza por supeditar la planificación a la competencia —esto tiene repercusiones inmediatas en la calidad de la educación, por ejemplo—; convencer de que el sentido real de la libertad es la simple libertad de elección; equiparar la democracia a los mercados y otorgar al sistema de precios algunas características de regulación del sistema-mundo. Así pues, el discurso político neoliberal que se ha vertebrado alrededor del objetivo real ha sido más fuerte que el económico y en cierto sentido, necesario para justificar las medidas neoliberales.
Sin necesidad de adentrarse más en los fundamentos del neoliberalismo, cabe destacar el elemento que Albert Recio, economista de la Universidad de Barcelona, considera común en todo discurso neoliberal: el aumento «de las prerrogativas del capital privado por encima de los intereses públicos y el conjunto de la sociedad» intentando legitimarse en argumentos como la promoción del crecimiento y de la productividad o la generación de efectos beneficiosos para toda la sociedad, aunque en un principio, los beneficiarios sean sólo una minoría. ¿Dónde quedan, pues, los derechos fundamentales y las garantías sociales en un Estado neoliberal? Según Recio, «el balance social de este proceso [la implantación de las políticas neoliberales] resulta cada vez más demoledor. Si la coartada para imponer estos desarrollos era el crecimiento y el empleo, las tres décadas de la economía neoliberal muestran resultados más pobres que la edad de oro del capitalismo keynesiano. Si se consideran otras pautas el resultado es aún más demoledor, como es el caso del aumento de las desigualdades a escala nacional e internacional».
La política neoliberal ‘popular’ de destrucción de garantías sociales
Desde la petición de nuevos recortes, en agosto de 2011, por parte del Banco Central Europeo (BCE) a José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces presidente del Gobierno, las tijeras han sido el complemento único de la política de recorte llevada a cabo en el Estado español desde hace ya casi dos años. Gracias a la situación crítica del país, la sociedad hizo uso de su derecho y deber de participación electoral y castigó al Partido Socialista en las elecciones de noviembre, cediéndole la silla de la gobernación a Mariano Rajoy. El 2011 terminaba pues con una nueva etapa para el Partido Popular (PP), pero lo hacía con unos resultados poco alentadores en la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año: 5 273 600 desempleados.
Durante el primer trimestre de 2012 sobrevino un nuevo varapalo, sobre todo, en materia de empleo. El despido es el protagonista principal de la nueva reforma: se abarata, se facilita durante el primer año, se justifica por motivos económicos —sólo con el argumento de que durante nueve meses consecutivos haya habido una caída de los ingresos, lo que no significa que no se hayan obtenido beneficios— y se regalan los despidos conjuntos, eliminando la obligatoriedad de someter a autoridades laborales los expedientes de regulación de empleo (ERE). El resultado de esta nueva medida laboral se puede ver claramente en los resultados de la EPA del primer trimestre de 2012: 5 693 500 desempleados. En marzo, además, se abrió la veda a los evasores fiscales: el Gobierno popular permite el blanqueo de fortunas no declaradas a Hacienda con un gravamen del 10% para recaudar, teóricamente, 2.500 millones de euros. Con medidas meramente recaudatorias en todos los ámbitos, el PP se enfrenta, por su parte, a su primera huelga general tras poco más de cuatro meses en el Gobierno.
Abril no será un buen mes para otros dos de nuestros derechos fundamentales: 10 000 millones de euros desaparecen de los Presupuestos Generales del Estado destinados a sanidad y educación. Se introduce el repago farmacéutico —incluso en algunas comunidades autónomas el pago conocido como euro por receta, que tendrá que eliminarse poco después—, aumentan desmesuradamente las tasas universitarias, se incrementa el número de horas lectivas y varía la ratio alumno/profesor para permitir más alumnos en las aulas, entre muchas otras reformas. El segundo trimestre finaliza con 400 desempleados menos que el primero, manteniéndose en una cifra demasiado alta —5 693 100—mientras que la prima de riesgo supera los 500 puntos.
El verano de 2012 trae consigo un recorte más que significativo de 65 000 millones de euros, lo que hará que se convierta en el verano más asfixiante de la democracia española. Los populares se ceban, una vez más, en los derechos fundamentales de los ciudadanos: disminuye el acceso a la cultura aumentando el IVA del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%, a la vez que provoca una enorme caída del consumo; el empleo vuelve a ser objeto de recortes con la supresión de bonificaciones a la contratación, la revisión de las jubilaciones anticipadas y la reducción de la prestación por desempleo a partir del sexto mes. El Gobierno se ve obligado a solicitar un primer rescate, de 100 000 millones de euros, que servirán única y exclusivamente para salvar, con dinero público, la deuda privada de la banca.
Entra el otoño cargado de malas noticias: 5 778 100 de ciudadanos sin empleo, 75 000 millones de euros menos para la sociedad, y 0 euros para los inmigrantes sin papeles: un decreto por parte del Sistema Nacional de Salud deja a casi un millón de inmigrantes indocumentados sin asistencia médica. Los recortes no han surtido un efecto positivo, han conseguido que la prima de riesgo superara los 610 puntos. Para solventarlo y alcanzar el déficit de 4,5% impuesto por Bruselas, Mariano Rajoy decide que es necesario eliminar 13 000 millones de euros más. ¿De qué partidas? Una vez más, sanidad, educación y empleo. La sanidad y educación españolas se ven sometidas a la presión neoliberal del PP, que pretende su privatización. El argumento al que los populares, cuyo líder espiritual se ha visto en Esperanza Aguirre, al que se han aferrado sostiene que los sistemas escolares públicos son «ineficientes, inequitativos y sus productos, de baja calidad», como argumenta la política y pedagoga argentina Adriana Puiggrós. Como consecuencia se afirma que la educación pública ha fracasado y para solventarlo, se necesitan políticas de reducción de responsabilidades estatales; es decir, la apertura a la privatización escolar. Este mismo argumento se podría aplicar a la situación de la sanidad, más claro incluso desde la publicación de la intención de privatizar seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.
Todo esto provoca la segunda huelga general a la que se tiene que enfrentar el Partido Popular en algo menos de un año en el poder. Una huelga que sirve de poco, ya que la política neoliberal de recortes llevada a cabo por Mariano Rajoy y dirigida por Angela Merkel continúa sin cesar. Termina el año con unos resultados lamentables, tanto los arrojados por la EPA, que cifran el número de desempleados en 187 300 más que durante el trimestre anterior —a pesar de que, en éste abundan las contrataciones temporales—, como los resultados de la amnistía fiscal aprobada por Montoro en el mes de marzo: la recaudación final del blanqueo de evasiones fiscales no consigue la mitad de lo calculado, y alcanza sólo 1 191 millones. Durante el primer trimestre de 2013 nos vemos ante un nuevo recorte adicional de más de 1 100 millones de euros a la Dependencia española, llevando una política totalmente contraria al artículo 49 de la Constitución Española.
¿Hasta cuándo habrá crisis?
Se ha alcanzado una cifra récord en desempleo en España. Se ha superado por primera vez la frontera de los seis millones, llegando a los 6 202 700 de parados a finales de marzo, y las cifras de la EPA de verano no mejorarán. Hay 929 100 personas más sin empleo, y 205 788 personas menos, ya que 2012 se ha convertido en el primer año después de 15 en el que el país pierde población. Fugas de cerebros, éxodo de inmigrantes. Las garantías sociales se han visto reducidas en miles de millones, lo que a efectos sociales, supone una enorme pérdida de calidad en la educación; un gran deterioro de la asistencia sanitaria y farmacológica; la supresión de ayudas a personas dependientes; la destrucción masiva de empleos y la disminución de las prestaciones a los desempleados; la obligatoriedad de alargar la fecha de jubilación, lo que puede llegar a descuadrar tanto la calidad como la esperanza de vida.
Se habló de 2014 como el inicio del fin de la crisis; las previsiones actuales del Gobierno sitúan en 2016 el comienzo de la recuperación; el catedrático de Economía Roberto Centeno afirma que en 2013 «tendremos más impuestos, menos pensiones, menos salarios y más, mucha más deuda» y asegura a España le quedan diez años o más de crisis. Albert Recio sabe que la crisis actual «es el resultado de las dinámicas generadas por el conjunto de procesos que han conformado las políticas neoliberales» y que «sin cambios sustanciales en las lógicas productivas y distributivas actuales persistirán de forma evidente las fosas sísmicas que hacen tan inestable […] la economía mundial». ¿Hasta cuándo habrá crisis? Todo depende de la línea de actuación del Gobierno. Las políticas llevadas a cabo hasta ahora, y las que se impondrán en los próximos meses, no parece que vayan a desviarse del carril neoliberal en el que se ha metido de lleno el Partido Popular, por lo que se debería pensar en una crisis que no parece que, a corto plazo, tenga fin.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Durán, Víctor Manuel. «Estado social de Derecho, democracia y participación», ponencia realizada en la VII Conferencia Latinoamericana de Trabajadores de los Servicios Públicos; Valle de Bravo (México); 22-25 de abril de 2001.
Dávalos, Pablo. «Neoliberalismo político y Estado social de Derecho» en Alai: América Latina en Movimiento; junio de 2008.
Recio Andreu, Albert. «La crisis del neoliberalismo» en Revista de Economía Crítica, n.º 7; primer semestre, 2009: pp. 96-117.
Constitución Española y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: Editorial Colex, 9ª edición, 2010.
El recortómetro, proyecto de Merche Negro e Ismael Peña-López.
Puiggrós, Adriana. «Educación neoliberal y quiebre educativo» en Nueva Sociedad, n.º 146, noviembre-diciembre 1996; pp. 90-101
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