La mayoría absoluta de la minoría o el ‘remake’ dictatorial

DEMOCRACIA: El aplastante principio de la mayoría absoluta ha servido como herramienta para negar el debate político a la ciudadanía y ha afectado, en diversos grados, a la calidad de la democracia española.

Eduardo Alvarado Espina

Hace dos décadas que Julián Santamaría apuntaba que la institución parlamentaria debía ajustarse a los requerimientos de legitimidad, eficacia y transparencia que exigía un sistema democrático consolidado como era el español. En esta dirección propuso, entre otros asuntos, potenciar los mecanismos de control político al Gobierno, restituir el debate político y/o aumentar los encuentros entre Gobierno y oposición en sede parlamentaria. No obstante, como ya es conocido, la dinámica parlamentaria ha mantenido las mismas prácticas, profundizando aún más en aquellas que niegan el debate político a los ciudadanos a través del aplastante principio de mayoría, ocasionando con ello que la calidad de la democracia siga con su inexorable deterioro.

Por su parte, la sociedad civil, hasta la aparición del movimiento 15M, tampoco ha colaborado en presionar por estos cambios, más bien se había desentendido de cualquier acción en este sentido. Lo que se corresponde con ese alto grado de desafección política, el cual se compone por un escepticismo crítico y una falta de confianza en las élites políticas. Como señalaron José María Maravall y Joan Botella, éstas son expresiones características de la cultura política española, las que, en todo caso, no han quitado legitimidad a la democracia como orden político. Todo esto configura una especie de «cinismo democrático» o «democratismo cívico» que desvincula a la sociedad civil de la política.

El principio antidemocrático de la mayoría absoluta

Un elemento central de la democracia representativa, desde una perspectiva instrumental, son las elecciones libres y periódicas como forma de designar y delimitar la potestad de todo Gobierno. Para establecer la forma del mandato, el principio de mayoría pasa a ser central, como lo es también para calificar un sistema político como democrático o no. La mayoría relativa y la mayoría absoluta son los dos caminos a seguir cuando hay que definir quién gobierna. En la primera opción el Poder Ejecutivo está obligado a considerar la opinión de todas las fuerzas políticas parlamentarias, mientras que en la segunda ostenta todo el poder político sin que sea necesario consultar o conocer la opinión de las minorías. Es por eso que, como señala  Giovanni Sartori (2008), un sistema electoral que se sustenta en el principio de mayoría absoluta debilita la democracia, ya que es donde los más tienen todos los derechos, mientras que los menos no tienen ninguno. Asimismo, hay que añadir que este principio es el menos utilizado en sociedades con altos niveles de pluralismo político y que, al mismo tiempo, priorizan el debate y el consenso al momento de legislar.

Desde la implementación de un sistema electoral «proporcional corregido», cuyos autores no han dudado en calificar como infinitamente original y bastante maquiavélico, como lo califica Óscar Alzaga –uno de los creadores. España ha conocido desde la transición cuatro gobiernos con mayoría absoluta sin que ninguno de ellos alcanzara efectivamente una mayoría absoluta electoral –ya no hablar de mayoría social. Esto significa que no contaron con un respaldo que llegase o superase el 51% de las preferencias de los electores. De estas cuatro experiencias de mayorías absolutas parlamentarias, fue el primer Gobierno del Partido Socialista (PSOE, 1982-1986) el que estuvo más cerca de alcanzar efectivamente ese tipo de mayoría, al obtener el 48,11% de los sufragios en las elecciones generales de octubre de 1982, aunque en términos efectivos este porcentaje se reduce al 37,7% del padrón electoral de aquel año.

«Ninguno de los dos partidos principales tiene un consentimiento realmente mayoritario para hacer y deshacer a su conveniencia»

En las otras tres ocasiones los porcentajes no fueron superiores al 44,7% de los sufragios válidamente emitidos —el segundo gobierno del PSOE obtuvo un 44,06% en 1986; mientras que el PP obtuvo el 44,52% en 2000; y el 44,62% en 2011—. De esta manera ninguno de los dos «partidos mayoritarios» –que han superado los 180 escaños en el Congreso– tuvo, o tiene, un consentimiento realmente mayoritario para gobernar aplicando un programa político a rajatabla o imponiendo leyes sin el consenso efectivo del Congreso. Es más, en términos estrictamente electorales, como ya hemos establecido, los ciudadanos no le han entregado prerrogativa a ningún partido en solitario para hacer y deshacer a su conveniencia. Eso no ha sido parte del contrato político tácito que se consigue en cada acto electoral.

Asimismo, al basarse la forma de gobierno en el principio de mayoría absoluta –en la práctica un rodillo político– adquiere un inquietante halo antidemocrático en sus maneras, que va mermando la calidad del sistema político y la confianza en sus élites dirigentes. La sumisión que trasunta la mayoría absoluta para los que no gobiernan, sobre todo cuando se trata del control gubernamental y el debate legislativo, hace de la institucionalidad democrática una pantomima intrascendente frente al acto ejecutivo del gobierno. En ese contexto, la rendición de cuentas y cualquier otra forma de control político pierde toda eficacia, provocando el constante deterioro de la idea de la buena democracia, que Leonardo Morlino (2008) definió como «aquel orden institucional estable que permite la realización de la libertad y la igualdad de los ciudadanos a través de instituciones y mecanismos adecuadamente funcionales». Al ser así, en la España de la mayoría absoluta, no hay ni control político, ni menos igualdad o libertad para los ciudadanos, porque las leyes las impone una minoría absolutista en función de la arquitectura electoral que no da cabida al pluralismo, el mismo que Chantal Mouffe entiende como «ese rasgo que define a la democracia moderna».

«La mayoría absoluta se utiliza como herramienta para legitimar las injustas acciones del Gobierno»

En la actualidad se presentan muchos ejemplos que grafican el uso y abuso de la mayoría absoluta en detrimento de la propia democracia. Las alzas del IVA, la no modificación de las leyes hipotecarias, el proyecto de ley sobre el aborto, el nulo control de la acción del gobierno, la disciplina de partido, la protección de la imagen de la monarquía, la arbitraria ley educacional, la desprotección de las personas dependientes, la corrupción del partido de gobierno, las multas a manifestantes, los recortes fiscales y otras tantas decisiones legales y acciones políticas que, y aunque puedan tener motivaciones muy distintas, son males que tienen el mismo elemento en común: la mayoría absoluta como principio legitimador de las injustas acciones del gobierno.

Ahora bien, también hay que dejar en claro, como lo demuestran los diferentes  estudios sobre democracia y cultura política en España, que la alta desafección política que lleva a desentenderse del debate, no tan sólo institucional sino también en la sociedad, se convierte en un elemento que colabora profundamente en que la institucionalidad antidemocrática, junto a sus expresiones, no sea modificada. La politización de la sociedad española es una condición sine qua non para atajar a todos estos inequívocos síntomas predictatoriales, tan propios de una democracia de muy baja calidad.

La dictadura de la minoría/mayoría

No resulta extraño que cuando se tiene un concepto limitado o muy formal de la democracia los modos del sistema político se orienten a la imposición de doctrinas, en vez de –en el mejor de los casos– buscar el consenso o la negociación con el adversario político. Absolutamente improbable resulta la consideración efectiva de la opinión vinculante de la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que sucede cuando se suma derecha española con mayoría absoluta. La opinión de los «otros» no se considera, lo que manda es el último resultado de las elecciones generales sin llegar a reflexionar en que, y como se puede comprobar en datos, no se cuenta con mayoría absoluta ni social ni electoral. Con lo cual, el principio de mayoría absoluta abre el camino a estadios predictatoriales, donde la minoría que gana unas elecciones con más de 180 escaños tiene derecho a todo por sobre todos. Así el campo de la política queda dividido entre vencedores y vencidos, condenando el debate y el pluralismo político a la intrascendencia.

Esta alta concentración del poder político ha devenido en la aceptación de conductas arbitrarias, por parte de los dirigentes políticos, que han tenido como efecto un cierre institucional del sistema político a las demandas ciudadanas, lo que pone en duda la existencia práctica de la democracia. Esto se hace más evidente en la restricción de libertades públicas, en la modificación de derechos sociales o en hacer, lisa y llanamente, lo contrario a lo que dicta el sentido común de la mayoría de los ciudadanos.

En el camino restrictivo de la democracia y la concentración del poder político en una reducida élite política intervienen mecanismos, tales como el alambicado sistema electoral, la forma de constituir gobierno, la opaca institucionalidad política, el excluyente modelo de enseñanza, el consenso ideológico, etc. Todo ello da la complejidad necesaria para el abuso institucional sin necesidad de imponer burdos regímenes autoritarios como una dictadura militar. Basta con la designación de una minoría que haya ganado en las circunscripciones más pequeñas del país. Sí porque, en el mejor de los casos, hoy 10,8 millones de españoles y españolas imponen su ley al resto, más de 27 millones, que no eligieron al Partido Popular para gobernar.

Un sistema democrático de baja calidad

Ya decía José María Maravall que «cualquier observación de la democracia española ofrece dos aspectos llamativos: una estabilidad encomiable junto con un nivel de calidad a veces inquietante». Por ello, resulta interesante contrastar la opinión sobre la democracia que tenga cualquier lector con algunas de las estrategias políticas que identificó Leonardo Morlino al momento de definir una «democracia sin calidad». Una democracia en la que sus líderes y partidos recurren frecuentemente a estrategias de subversión con el fin de rebajar el nivel de implementación de las dimensiones de calidad de la democracia –estado de derecho, rendición de cuentas, participación, competencia política, satisfacción de demandas ciudadanas, igualdad y libertad– y que va socavando, en la práctica, el compromiso y la identificación de las masas con la democracia. Eso sí, aquí sólo se exponen las que afectan a tres de las cuatro dimensiones de la calidad democrática.

En primer lugar tenemos que para la dimensión del Estado de Derecho se puede utilizar la ley como medio contra el adversario político, como medio para afirmar intereses económicos, como conjunto de reglas a evadir y la manipulación de la ley al momento de la acción.

Ahora, para el caso de la rendición de cuentas electoral e interinstitucional, destacan: un diseño constitucional fuertemente mayoritario que reduce la competencia; el surgimiento de partidos débiles o partidos oligárquicos; el uso manipulador de la información y de las imágenes y el uso de la táctica del «desplazamiento de responsabilidades» respecto del nivel supranacional.

«Sin analizar profundamente se puede establecer que la democracia española está afectada por cada una de estas estrategias de subversión de la calidad democrática»

Por último, en lo que respecta a la dimensión de la reciprocidad –satisfacción de las demandas sociales– se recurre al uso manipulador de la información por parte de las élites y a la cobertura detrás de la complejidad de los problemas como pretexto de las autoridades.

Pues bien, sin necesidad de un análisis muy profundo, se puede llegar a establecer que la democracia española se encuentra afectada, en distintos grados, por cada una de estas estrategias de subversión de la calidad democrática.

Entonces, ante la existencia de mayorías absolutas o minorías absolutistas que adoptan decisiones políticas arbitrarias e injustas, junto la actuación subrepticia de gran parte de la actividad político-institucional, cabría hacerse las siguientes preguntas: ¿se puede entender que un régimen democrático, cuando es de baja calidad, resulta más una ilusión que una realidad política? ¿No sería razonable terminar con el principio de mayoría absoluta y su uso abusivo para obtener una política democrática de mayorías? Parece lógico que sí, porque el camino seguido hasta ahora tiene una deriva autoritaria, quizás menos convencional y más sofisticada, pero igual de peligrosa, que podría identificarse como un remake dictatorial.

MÁS INFORMACIÓN:

SARTORI, Giovanni. La democracia en 30 lecciones. Madrid: Taurus, 2009.

MOUFFE, Chantal. La paradoja democrática. Barcelona: ed. Gedisa, 2012.

MARAVALL, J.M. y SANTAMARÍA, J. «El cambio político en España y las perspectivas de democracia» en Transiciones desde un gobierno autoritario. Barcelona: Paidós, 1994.

MONTERO, J.R., GUNTHER, R. y TORCAL, M. «Actitudes hacia la democracia en España: legitimidad, descontento y desafección en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, pp. 9-49, 1998.

MONTERO, J.R. y MORLINO, L. «Legitimidad y democracia en el sur de Europa» en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, pp. 8-40, 1998.

MORLINO, L. Calidad democrática entre líderes y partidos. México: Instituto Federal Electoral, 2008; pp. 11-56.

MARAVALL, José María. El control de los políticos. Madrid: Taurus, 2003.

MORLINO, Leonardo. Calidad democrática entre líderes y partidos, Conferencias Magistrales, Partidos Políticos y Calidad de la Democracia. México: IFE, 2008.