Las protestas y el espíritu democrático Responder

DEMOCRACIA: ¿Qué es más eficaz para conseguir cambios en las políticas de Gobierno, la manifestación pacífica o la demostración física, a través de la violencia, de resistencia? ¿Y tiene esta violencia algún argumento que la justifique?

Álvaro M. Barea Ripoll

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Carteles durante una protesta | Fuente: Rubén Díaz Alonso (Flickr)

El año 2014 está siendo, aparentemente, un buen año para la protesta ciudadana. De momento, podemos ver señales de éxito tanto en el inicio como en el fin de una protesta ciudadana. En Ucrania, por un lado, el rechazo al acuerdo de integración a la Unión Europea (UE) por parte del presidente Víktor Yanukovich ha provocado una serie de protestas que han desembocado en la caída del Gobierno. En Túnez, por otro lado, la original Primavera Árabe ha concluido su proceso revolucionario con la aprobación por referéndum de una Constitución de consenso entre islamistas y laicos. Otros países alrededor del mundo, como Brasil o Turquía, siguen inmersos en un pulso entre la calle y el poder.

En España, 2014 ha dado aparentemente algunos éxitos a la protesta ciudadana. El caso simbólico del burgalés barrio de Gamonal, la muy probable retirada o reforma del anteproyecto de Ley del Aborto, o la reciente anulación del plan madrileño de externalización de hospitales públicos son tres motivos para esperanzar a la población española descontenta con las actuales políticas públicas. Sin embargo, habría que matizar dicha esperanza.

Número de manifestaciones comunicadas. Comparativa 2011-2012. Fuente: Ministerio del Interior de España.

Número de manifestaciones comunicadas, comparativa 2011-2012 | Fuente: Ministerio del Interior.

A falta de los datos oficiales de 2013, podemos dar por hecho que el número de manifestaciones permitidas por las autoridades competentes en España se ha incrementado en la actual legislatura del Gobierno del Partido Popular (PP), que arrancó en diciembre de 2011. Hablamos de decenas de miles de manifestaciones en 2012, que bien podríamos extrapolar a 2013 en vista de que las políticas gubernamentales han seguido la misma dirección que las políticas tomadas en 2012. Hablamos, en resumen, de decenas de miles de manifestaciones –cada una con cientos, miles o decenas de miles de manifestantes— que, salvo alguna contada excepción, se convocan como acto de protesta y reivindicación. El resultado en España de dicha cantidad de manifestaciones sería, al fin, la paralización de un plan de urbanización en un barrio de Burgos, la derogación de un plan de externalización de hospitales en Madrid y el cuestionamiento de una polémica ley. El esfuerzo que han hecho los ciudadanos para obtener estos resultados ha sido grande. O dicho de otro modo: la clásica manifestación ciudadana de protesta resulta poco eficaz.

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Manifestación de la ‘marea blanca’ contra la privatización de la sanidad madrileña | Fuente: Barcex

¿Pero no estamos cosechando ahora el fruto sembrado en ese esfuerzo anterior? Podría ser, pero también hay que tener presentes otros factores. Por ejemplo, la supresión del plan de externalización de la sanidad madrileña responde a una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid –la de suspender cautelarmente dicha política— y no a la presión de la calle sobre los decisores políticos.

El cuestionamiento de la Ley del Aborto, por su parte, no responde tanto a manifestaciones ciudadanas sino a opiniones contrarias a la misma en el seno del propio partido gobernante. Y, finalmente, el éxito de la protesta de Gamonal no ha sido consecuencia de la convocatoria de manifestaciones, sino de los disturbios provocados entre encapuchados –arropados por los vecinos del barrio— y las fuerzas de seguridad. Prueba de ello fue la retirada, en pleno conflicto, de la plataforma cívica contra la construcción del bulevar, puesto que la herramienta de manifestación ciudadana había fracasado al quedar eclipsada por los enfrentamientos y las detenciones.

Tampoco podemos hablar de éxito de la manifestación clásica, es decir, la convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en un lugar público y la expresión de su opinión de manera pacífica, en los casos de otros países aquí citados. Las protestas en Ucrania se acercan más al carácter revolucionario de la Primavera Árabe que al de una serie de manifestaciones de protesta. El enfrentamiento directo contra las unidades antidisturbios y la ocupación de diversos edificios institucionales, como el Ministerio de Justicia, son los gestos que están ganando el pulso al poder.

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Manifestación del ‘tren de la libertad’ contra el aborto, el pasado 1 de febrero en Madrid | Fuente: Ayuntamiento de Fuenlabrada

En resumen, protestar sí sirve, pero no si se limita a una mera manifestación de expresión pública. Si la respuesta ciudadana ante una política polémica, injusta o perniciosa para la población es salir a la calle con una pancarta, entonar un par de cánticos y volverse a casa con la conciencia tranquila, el poder no tiene nada que temer. Si la ciudadanía considera activismo protestatario limitarse a escribir un comentario indignado en las redes sociales, es evidente que las políticas no van a cambiarse lo más mínimo. Y esperar un resultado diferente repitiendo estas mismas prácticas, como diría Albert Einstein, es un síntoma de locura colectiva, la cual –irónicamente— acabaría dando la razón a quien pone en marcha políticas contrarias al juicio de la ciudadanía.

El máximo común denominador en las reivindicaciones ciudadanas exitosas es la acción y, en lo referente a los casos observados aquí, es la acción violenta. La Primavera Árabe no nació con pancartas, sino con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad; Ucrania no ha entrado en crisis por ocupar las calles un par de horas a la semana, sino por batallas campales y por ocupar edificios gubernamentales de primer orden; las manifestaciones por toda España en apoyo al barrio de Gamonal no se habrían dado si este barrio no se hubiera enfrentado y resistido a los antidisturbios.

«Existen dos sólidas tesis para justificar el recurso a la violencia en una sociedad democrática»

Podría decirse que recurrir a la violencia, aunque ésta sea de carácter defensivo, es más eficiente que la mera expresión de opinión. Pero, ¿cómo se justifica esta violencia en una sociedad democrática? Dentro del espectro de posturas al respecto, que abarcan desde el rechazo del pacifismo puritano democrático hasta la aceptación de un revolucionarismo populista, podemos encontrar dos tesis con argumentos sólidos.

La primera se basa en el principio de gobernanza que, en una sociedad democrática, requiere no sólo de un proceso de toma de decisiones políticas plural que incluya a diferentes actores políticos más allá de la esfera institucional del poder y una comunicación de doble sentido entre éstos y la ciudadanía, sino que además la estructura que conforma el sistema político debe estar saneada y garantizar que los procesos en los que reposa la gobernanza no se desvirtúen. Es decir, los decisores políticos pueden adoptar políticas polémicas y perniciosas para la ciudadanía, e incluso adoptarlas al margen de otros actores políticos, pero siempre debe haber instrumentos que controlen de manera efectiva este tipo de desviaciones en el proceso de toma de decisiones democráticas. Un ejemplo inmediato podría ser el fallo judicial de Madrid.

El problema de la gobernanza arranca cuando estos mecanismos no son eficientes, bien por un fallo en la estructura política de compensación del poder o bien por efecto de la corrupción. Si los decisores políticos actúan ilegalmente en favordel beneficio personal y en perjuicio del interés general, ignorando no sólo las voces de otros actores políticos –partidos de oposición, movimientos políticos, grupos de presión, etc. – sino también la respuesta de la ciudadanía traducida en manifestaciones de protesta pacífica, y a este respecto los mecanismos de control instaurados resultan alevosamente ineficaces –a causa, por ejemplo, de la ruptura del concepto de separación de poderes o de la corrupción sistémica—, hablaríamos de un colapso de la gobernanza y, dado que ésta sustenta el concepto de gobernabilidad, la situación deingobernabilidad resultante podría dar pie a la ciudadanía –garante última de la soberanía en una sociedad democrática— para emplear medios extraordinarios con el objetivo de forzar una depuración del sistema político.

Declaración de independencia de Estados Unidos | Fuente: Halcones en la historia

Declaración de independencia de Estados Unidos | Fuente: Halcones en la historia

Siguiendo la misma argumentación –pero con distinto lenguaje, obviamente— se firmó, de hecho, la declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776, documento fundamental de todos los sistemas de representación democrática existentes hoy en día en el mundo.

La segunda postura, menos nostálgica de la opción revolucionaria, se basa en el principio del voto económico. Y es que en toda concepción de democracia, incluso en las concepciones más minimalistas, el elemento clave que sustenta el sistema político, a través del cual se ordena una sociedad democrática, reposa en el sufragio, que es la acción de la ciudadanía de elegir a sus propios representantes de manera periódica. El voto económico, en este sentido, no sólo basa la elección de la ciudadanía como  una evaluación retrospectiva de las condiciones socioeconómicas, tanto personales como sociales, sino también como un mecanismo de rendición de cuentas del poder político mediante el sufragio, abarcando más factores que los meramente económicos.

En este sentido, la ciudadanía tiene la última palabra  en cuanto a mantener o cambiar el statu quo si considera que la gobernanza del sistema político se está resintiendo de manera preocupante. Basta con votar otras opciones políticas en lugar de las vigentes para cambiar el escenario político. Cualquier método extraordinario de protesta debe ser descartado si la ciudadanía sigue ostentando la capacidad de desplazar a los corruptos del poder. Sólo podría invocarse un espíritu revolucionario si el poder institucionalizado niega esta última potestad al pueblo soberano, por lo que antes se requiere explotar esta tesis si al final se pretende adoptar con legitimidad y sentido común la primera. De este modo, la revolución tunecina no sólo ha sido eficaz, sino también legítima, mientras que el caso de Ucrania dejaría muchas dudas a este respecto.

En España, por su parte, hablar de acciones violentas de defensa sólo tendría cierta justificación en casos puntuales de represión desproporcionada —como ha ocurrido en Ucrania—, pero ir más allá supondría  entrar en un terreno peligroso. Una reflexión que deberían hacerse los nostálgicos de la revolución es qué ocurriría si el escenario político fuera el opuesto –la derecha en la oposición y no en el poder— y se diera un sector de la ciudadanía española a favor de derribar el sistema a base de confrontación en las calles.

Un año después del nacimiento del movimiento 15M miles de personas se manifestaron en Sol en mayo de 2012. Fuente: www.rtve.es

Un año después del nacimiento del movimiento 15M miles de personas se manifestaron en Sol en mayo de 2012 | Fuente: RTVE

El problema en España radica en la cultura cívica de la propia ciudadanía, cuyas acciones de protesta resultan ineficaces y banales, y hasta contradictorias, si más tarde la ciudadanía mantiene en unas elecciones a los mismos decisores políticos. Deberíamos ser conscientes de que mantener a corruptos en el poder mediante el voto nos convierte en cooperadores necesarios de todo lo malo que pueda acontecer. Mal que nos pese a los sectores descontentos con la situación sociopolítica de España, nuestra oportunidad de cambiar radicalmente el statu quo no se dará hasta 2015. Aunque también podemos reclamar un adelanto electoral en base a una serie de sólidas razones, pero esta reclamación deberá hacerse siempre por medios legales y legítimos, nunca mediante al enfrentamiento intencionado con las fuerzas de seguridad y el aumento de la crispación social. Queda en manos de la ciudadanía la complicada tarea de ser creativos y plantear métodos de protesta eficaces y alternativos a la manifestación clásica y a la confrontación violenta.

MÁS INFORMACIÓN:

MARAVALL, José María. El control de los políticos. Madrid: Taurus, 2003.

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