OPINIÓN: El 9N ya ha pasado. La tensión jurídico-política por la celebración del proceso de participación ciudadana en forma de consulta popular sobre el futuro político de Cataluña se ha mantenido hasta el último momento con la anulación del proceso y la desobediencia de las instituciones catalanas. El escenario post 9-N consiste en una lucha por la opinión pública entre el independentismo y el unionismo; una lucha en la que poco interesan los hechos tal y como han acontecido.
El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en Cataluña un proceso de participación ciudadana que bien puede suponer un fiel reflejo de su compleja realidad sociopolítica. Si bien por un lado era una manifestación política cargada de simbolismo que debería poder acogerse al derecho de lalibertad de expresión, era también un acto político ejecutado por las instituciones catalanas del Estado que contravenía el ordenamiento jurídico, incurriendo incluso en la desobediencia al tribunal más alto del país. Debido, precisamente, a esa maraña explicativa en la que categorizar el proceso del 9N, las interpretaciones a sus resultados también son confusas y múltiples.
Por un lado, el soberanismo catalán se congratula de haber conseguido no sólo llevar a cabo un ejercicio democrático de participación popular, sino también del 80,76% de votos a favor del Sí-Sí, que se traducen en un apoyo a la independencia de Cataluña. Por otro lado, el «constitucionalismo» —entendiéndose como el colectivo catalán y del resto de España contrario al 9N— se aferra a la ilegalidad de la consulta para restar importancia a los argumentos de los sectores soberanistas. En este sentido, los titulares de prensa el 10 de noviembre variaban desde el triunfalismo hasta la acusación delictiva pero, más allá de la batalla de opinión, destaca el hecho de que ambas posturas están siendo hipócritas en sus argumentos.
Por un lado, es cierto que el 80,76% de participantes votaron a favor de la independencia de Cataluña, pero al mismo tiempo se omite un dato aún más revelador; y es que sólo un 35,9% de catalanes y catalanas convocados al proceso participaron. Por tanto, fue un 80,76% de ese 35,9% de la sociedad catalana la que se movilizó para expresar su deseo de independencia. Dicho de otro modo, sólo el 29% votó por la independencia. El otro 71% de catalanes y catalanas decidió votar contra la independencia –un 6,9% que sí participó— o, como fue su respuesta mayoritaria en un 64,1%, ni siquiera participó en el proceso. En términos globales, el triunfalismo soberanista constituye un autoengaño en el mejor de los casos, si no una manipulación de la opinión pública.
Por su parte, este análisis electoral es abrazado por el «constitucionalismo», pero esta postura también peca de hipócrita al utilizar argumentos que han sido negados a priori. Es decir, la postura que niega la validez a la consulta como acto político no puede acogerse a sus resultados para legitimar políticamente su postura. Supone, en el sentido político, una cobardía rechazar la consulta para luego validar sus resultados si éstos te dan la razón.
Fuente: Ivan McClellan – Flickr
Sin embargo, del mismo modo, supone también una hipocresía escudarse en su nulidad para justificar los resultados. No olvidemos que el proceso del 9N tiene, como bien argumenta Eduardo Alvarado, un valor simbólico de gran importancia que consiste en el pulso que el soberanismo catalán —por medio de las instituciones catalanas del Estado y dirigido por los actores políticos soberanistas— plantea a las instituciones centrales del Estado acerca del estatus político de Cataluña. Resulta obvio que, al carecer de valor vinculante y legalidad, el carácter simbólico de la consulta reposa en su participación, del mismo modo que el auge del soberanismo catalán ha derivado de las movilizaciones durante las Diadas de los últimos años. No resulta raro, por tanto, el hincapié que los partidos proindependencia hicieron sobre la movilización del electorado, o que las mesas electorales estuvieran presididas por voluntarios a favor de la consulta al punto en que una mesa estaba presidida por Oriol Junqueras, líder del partido vanguardia del independentismo, ERC. El carácter simbólico del 9N era una demostración de fuerza del soberanismo catalán. Por tanto, todo soberanista debió acudir al proceso de participación y, aunque obviamente no pueda aseverarse que acudió la totalidad del soberanismo catalán, sí puede decirse que se movilizó su inmensa mayoría.
El problema derivado de otorgar valor simbólico a un acto como el de votar el 9N es que, a su vez, se le otorga también un valor simbólico a la omisión de ese acto. La abstención, en este caso, debe entenderse en el mismo marco imaginado que la participación y, como tal, considerarla también una declaración de intenciones. Cierto es que la abstención no puede explicarse en su totalidad por una única causa, pero escudarse en el argumento de que un gran número de catalanes no votaron —y lo hicieran por la independencia— porque la consulta no era vinculante resulta igual de hipócrita que la postura de validarla a posteriori. El concepto de voto útil o voto económico no influye tanto en cuestiones relacionadas con el nacionalismo soberanista, sino que es el voto ideológico el factor más influyente; y en este caso en concreto el voto ideológico se demostraba con la mera participación. A quien no le interesaba participar el 9N porque carecía de validez legal y sólo se limitaba a una demostración de fuerza soberanista era, precisamente, al «constitucionalismo» y a otras posturas intermedias como el federalismo. Incluso en la imposibilidad de aseverar que el 64,1% de abstencionistas abrazaran estas posturas, esta mayoría demostró su rechazo a la deriva sociopolítica que está monopolizando actualmente la agenda política de Cataluña y de España.
Podría esperarse que, después de los resultados de este proceso —negativos para el único colectivo legitimado para valorarlos como un acto político— la cuestión del encaje de Cataluña en España iba a enfriarse un tanto, pero el escenario posterior al 9N viene dado por un reforzamiento del soberanismo catalán en la batalla de opinión pública. La complejidad de los escenarios futuros impide vislumbrar con seguridad el devenir de los acontecimientos, pero puede extraerse una conclusión de esta reflexión: el problema al que nos enfrentamos responde tanto al encaje de Cataluña en España como al encaje de España en Cataluña, donde la batalla dialéctica responde más al interés minoritario que a la argumentación y la realidad.
Política Crítica 