España: un debate sin legitimidad y una dimisión necesaria Responder

DEMOCRACIA: Este año, el Partido Popular ha participado como partido del Gobierno en su tercer debate del estado de la Nación. ¿Pero tiene esta formación credibilidad y legitimidad para ello?

Eduardo Alvarado Espina

¿Es posible jurídica, ética, estética y políticamente dar credibilidad a un Gobierno que pierde su legitimidad democrática? Es más, ¿es viable para un régimen democrático que un partido de gobierno con evidentes vicios políticos participe en futuras elecciones? Es lo que intentaremos explicar en las siguientes líneas.eduardo

En el tercer debate del estado de la Nación de esta legislatura —en 2012 este no se realizó— la legitimidad democrática del Gobierno requiere algunos apuntes críticos. Hablamos de legitimidad porque consideramos que aspectos como la corrupción, el no respeto a los derechos humanos y el fraude programático dejan a cualquier Gobierno al margen del estado de derecho, convirtiendo su poder enilegítimo. De este modo, estas cuestiones son básicas para someter a un breve análisis al Partido Popular (PP), actualmente en el poder, sin olvidar que las prácticas ilegales y las decisiones antidemocráticas no identifican exclusivamente a esta formación política.

En primer lugar, habría que señalar que para el adecuado ejercicio del poder político en un sistema democrático se requiere contar con dos tipos de legitimidades, una legitimidad de origen y otra de funcionamiento. Esto significa que deben cumplirse dos requisitos copulativos —en su debido orden—, como son: 1) haber ganado unas elecciones abiertas, transparentes, justas, directas y legales, y 2) que el poder del gobierno opere dentro de los márgenes del estado de derecho y con estricto apego a los procedimientos democráticos establecidos. Sabemos que el Gobierno del Partido Popular cumple con el primer requisito, por tanto no reparemos en este punto. Pero, ¿cumple con el segundo? Es lo que analizaremos a continuación, utilizando cada uno de los aspectos mencionados, para conseguir medir su desempeño democrático: la legitimidad.

La corrupción como modus vivendi del Partido Popular

Es lo que se puede concluir tanto de la información periodística como de las resoluciones judiciales que afectan a diversos cargos de la formación en todo el país. El caso Gürtel o la trama Púnica son entramados organizados destinados a subvertir el interés público y conseguir beneficios particulares a través de la contratación estatal de diversas empresas, ya sea por medio de eventos políticos, prestación de servicios u obra pública. Todo a cambio de comisiones destinadas a engrosar las arcas del partido. Esto es, financiación ilegal. La imputación de los tres últimos tesoreros, y el encarcelamiento de uno de ellos, más la comprobación de la existencia de una contabilidad paralela en dinero efectivo —una caja B de dinero negro—, hacen más que posible que el actual partido de Gobierno haya utilizado el poder del Estado para enriquecer a sus dirigentes y pagar sus campañas políticas con cargo al bolsillo de todos los ciudadanos españoles. No hablamos ya de sospechas, sino de la comprobación de que el actual partido de Gobierno lleva décadas corrompiéndose, lo cual desautoriza toda su gestión. En otros países democráticos, donde el buen gobierno y la defraudación pública son cuestiones excluyentes, la sola comprobación de un comportamiento reñido con la ética y la legalidad, por parte del partido de gobierno, hubiese supuesto su dimisión y, además, su disolución legal.

El no respeto a los derechos humanos como forma de gobernar

Es lo que se puede deducir de las constantes declaraciones, omisiones y actos del gobierno, cuando se trata del respeto a la vida, al medio ambiente y a las libertades de quienes no piensan, actúan o viven como la élite. Es lo que sucede con las injustificables muertes de emigrantes subsaharianos que cruzaron la frontera española en 2014; la muerte de enfermos de hepatitis C por no poder asumir el coste de un tratamiento que es público; seguir avalando los desahucios de familias, incluso de viviendas sociales; o lo que sucede al establecer penas abusivas de cárcel para quienes se movilizan contra medidas que afectan sus derechos, al imponer una Ley de Seguridad Ciudadana que busca limitar el derecho a manifestarse; cuando no se realizan las investigaciones pertinentes ante las denuncias de torturas que se cometen en dependencias policiales de toda España; o cuando se favorece el interés empresarial antes que la necesaria protección del ecosistema. Sí, aunque parezca difícil de digerir, este es el hecho más grave de deslegitimación de un gobierno, ya que garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los habitantes de un país no es tan sólo un requisito sine qua non de un estado de derecho, sino que también es un signo de identidad de una democracia. Decisiones, actos o situaciones de este tipo son impensables en otros países democráticos y, de darse, hubiesen significado asumir la responsabilidad política, civil y penal de las mismas para el Gobierno de turno.

Quizás el fraude programático se pueda considerar como la más leve de las ilegitimidades que puede acusar un Gobierno, pero no por ello deja de tener relevancia. Presentar un programa intencionadamente ambiguo, en el cual se mencionan generalidades y lugares comunes como objetivos a cumplir —acabar con el paro o tener una sanidad pública de calidad son ejemplos de ello—, sin aclarar cómo se conseguirían, es una estafa a la fe pública de los ciudadanos. Llegar a asegurar que en una legislatura se crearían más de tres millones de empleos o que se subirían las pensiones, para posteriormente no hacer ni lo uno ni lo otro,  no es sólo un abuso de la retórica, sino también un engaño político de envergadura. En este caso, mentir ha sido la manera utilizada tanto para sortear el incumplimiento del programa genérico presentado en las elecciones de 2011, como para desplegar las medidas programáticas que se mantuvieron escondidas durante la campaña, a saber: abaratar el despido y la contratación, disminuir las pensiones, aumentar los impuestos regresivos, generar nichos de negocio para los empresarios amigos, entre otras. Un partido de Gobierno que se comportase así en otros países democráticos probablemente no hubiese acabado la legislatura sin tener que rectificar sus medidas.

Al constatar que al actual partido de Gobierno le son achacables, y le caracterizan, estos vicios de ilegitimidad, se puede concluir respondiendo a las dos preguntas que proponíamos al comienzo. No es posible dar ningún tipo de credibilidad al debate sobre el estado de la Nación, cuando justamente se trata de un espacio político de rendición de cuentas en el que el partido de gobierno no asume ninguna de estas tres ilegitimidades. Tomando en cuenta esto, tampoco es viable para la buena salud del sistema democrático español que dicho partido forme parte de las próximas convocatorias electorales, ya que no es sostenible que una formación política que ha «disfrutado» de una financiación ilegal, que no respeta los derechos fundamentales de las personas y que ha estafado a sus electores y a todos los ciudadanos con un programa engañoso presente credenciales de legitimidad democrática de las que adolece.

En todo caso, como el debate sobre el estado de la Nación es una nueva liturgia sonrojante, lo más probable es que la mayor parte de los ciudadanos no se detenga a escuchar la misma música que, además de aburrir, sabe que su letra no se corresponde con la realidad que dice representar.

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