DEMOCRACIA: «El plan de acoso a las nuevas fuerzas políticas, que vienen coordinando las viejas élites políticas junto con las élites corporativas, ha tenido al menos tres pasos identificables: primero la negación del adversario, segundo la campaña del miedo y, por último, la cacería».
En la práctica común del hacer político, los partidos y medios de comunicación que mantienen una animadversión manifiesta hacia un grupo político que acaba de ganar las elecciones detienen sus ataques, que pueden ser justificados o no, durante el tiempo que toma que ese nuevo Gobierno consiga constituirse. Esto es lo que comúnmente se conoce como un «período de gracia», una concesión basada en la tolerancia democrática. Sin embargo, para la nueva alcaldesa de Madrid y su equipo está convención no parece que le fuera aplicable, ya que la beligerancia, la sobreactuación y la tergiversación con la que se le ataca desde el primer día que asumió la dirección del ayuntamiento de la capital resultan más que llamativas.
Tanto los viejos partidos monárquicos –PSOE y PP– como todos sus medios afines, desde La Razón hasta El País, incluyendo radios y canales de televisión, no han dejado de rasgar vestiduras por unas medidas del nuevo gobierno municipal que tachan de disparatadas –la mayoría de las que atacan no existen como tales; unos más que cuestionables tuits de un concejal hasta ahora desconocido, como era Guillermo Zapata; y una imputación ideológica o política que afecta a Rita Maestre, efectuada por la fiscalía a petición de un ministerio controlado por el Opus Dei. Nada que alcance un mínimo grado de cercanía con las fechorías y delitos que han cometido gran parte de los dirigentes políticos de los partidos mayoritarios y la monarquía durante los últimos 38 años y que los medios ocultaron durante décadas, en función de su connivencia.
Hace poco más de una década, en lo que ya es un clásico de la sociología, Manuel Castells escribía en uno de los tres tomos de La era de la información. Economía, sociedad y cultura, que «la política de los medios no es toda la política, pero toda la política debe pasar a través de los medios para influir en la toma de decisiones» (Castells, 1998). Esto se traduce en que la política que permite optar al poder del gobierno sólo existe en los espacios que establecen los medios, aunque es evidente que el debate político trasciende los dos minutos en prime time o las cuatro columnas en la prensa. Esta realidad añade al proceso democrático una mayor superficialidad en el tratamiento de las demandas sociales y en la presentación de las diferencias programáticas de los partidos. Cuando la política es apresada en el campo de los medios, todo queda reducido a una organización de la acción política en torno a los medios: por ejemplo, filtrando información para favorecer un proyecto personal o político determinado (Castells, 1998). Esto también funciona para los montajes, las mentiras y las difamaciones, que grupos políticos y de presión difunden para anular a un rival político o para engañar a la población. En España hay varios ejemplos de ello, pero el más macabro fue el que realizó el gobierno de Aznar después de los atentados del 11M.
El plan de acaso a las nuevas fuerzas políticas, que vienen coordinando las viejas élites políticas junto con las élites corporativas, ha tenido al menos tres pasos identificables. El primero de ellos fue la negación del adversario, el pontificado desde el púlpito de la representación desde el cual deslegitimaban a los movimientos sociales. No resultó. Después vino la campaña del miedo, a través de la cual avisaban a toda la ciudadanía que votar a Podemos en las Comunidades o a las plataformas de unidad popular en los Ayuntamientos era hacerlo por la «izquierda radical» que traería consigo la miseria, los soviets y la cortina de hierro, en fin, la destrucción de la sociedad occidental. Tampoco resultó. El tercer paso es el que han puesto en marcha apenas se constituyeron los gobiernos municipales, y el de Madrid, por su relevancia estratégica, es el principal objetivo de los ataques.
Esta tercera fase consiste en una persecución y cacería de toda la actividad que han desarrollado los nuevos cargos electos de estos partidos en los últimos años. Tirar de hemeroteca no ha servido de mucho. Lo intentaron con Manuela Carmena pero no pudieron encontrar nada de nada, algo muy distinto si se buscan las abundantes salidas de tono y mentiras de Mariano Rajoy o de Esperanza Aguirre, por citar a los “más famosos”, por las que jamás han dimitido. Así, empresarios, medios y el partido heredero del franquismo han llevado la cacería a la dimensión de la libre expresión pública, unas más que torpes opiniones en Twitter o la participación en una manifestación a favor del laicismo de hace cuatro años son las «pruebas» con las que se piden dimisiones ahora. Esta artificiosa manera de enlodar a tus rivales políticos puede llegar a imponer una convención social y política más exigente a los actores políticos, incluyendo a aquellos que tienden a sobre actuar en estas situaciones. Al colocar la vara de medir en las opiniones que pueda tener cada individuo o en su nivel de compromiso efectivo con la lucha social, las dimisiones tendrían que pedirse a casi la totalidad de la actual élite política. De hecho, la concejala Esperanza Aguirre tendría que dimitir –en un país con una mayor exigencia democrática no hubiese podido ni siquiera ser candidata– por haber mentido a la opinión pública cuando arroyó y se dio a la fuga de la policía municipal. Y, sin ir más lejos, al ex alcalde del PP en Badalona se le tendría que haber pedido la dimisión con la misma sistematicidad y diligencia con que hoy se le exige a Maestre y Zapata, por la adopción de decisiones racistas, xenófobas y discriminatorias en el uso de su cargo.
Ahora bien, si los que desenfundan las armas del verbo y el adjetivo para defender la democracia liberal colocan nuevas fronteras a la responsabilidad política, las cuales irían incluso a etapas previas a las que una persona llega a ocupar un cargo público, pueden terminar siendo medidas, paradójicamente, anti-liberales. La libertad de expresión y de asociación son los rasgos que definen la autonomía de todo individuo en las democracias modernas, al atacarla, los medios, los empresarios y la derecha estarían acabando con el último componente «vivo», de los tres que define Todorov (2012), queda de la democracia liberal española: la libertad. Los otros dos, la soberanía del pueblo y el progreso o bienestar colectivo, han sido hace mucho desplazados por la tecnocracia neoliberal.
Sin dejar de cuestionar el humor negro, como una excusa para la insensatez del concejal Zapata, lo que haya escrito o escriba una persona en una red social sólo puede quedar en el ámbito de lo privado. Es el libre uso de la opinión que hace aplicable la libertad individual, con la salvedad de que esa persona ejerza en ese momento un cargo político que incida en la vida de otras personas o que dicha opinión sea constitutiva de delito. Por ejemplo, que un alcalde utilice el humor negro para reírse de judíos, gitanos u otras etnias cuando tiene la potestad de decidir sobre ayudas sociales o culturales para colectivos formados mayoritariamente por gente perteneciente a estas etnias. En cuanto a la imputación de la concejala Maestre, sólo cabría esperar que el criterio de los tribunales de justicia no sea el de la Rusia de Putin o el de las condenas que impone el Estado Islámico, algunos de los tantos lugares donde la «democracia occidental» no existe y la religión juega un papel central en la actividad y el poder del Estado. Por cierto, ¿nadie ha clamado por «el democrático derecho» a la presunción de inocencia de la concejala de Ahora Madrid?
La operación de acoso y derribo que han acometido contra el gobierno municipal de Ahora Madrid es la aplicación de un típico «modelo de propaganda» (Chomsky & Herman, 2000), el cual actúa como una comunidad hegemónica en defensa de sus intereses y status. Es altamente posible que muchas de las grandilocuencias que se han visto y leído en los medios de la élite, en favor de la tolerancia, la no discriminación, la honestidad, la coherencia y la rectitud que debe demostrar todo político acabarán siendo papel mojado cuando el acusado sea un alto cargo de gobierno o la opinión pertenezca a un grupo empresarial. Porque cuando lo que está en juego son los intereses de los grandes conglomerados empresariales, amigos del pelotazo inmobiliario y las cacerías en coto privado, medios y políticos afines tienen que hacer todo lo posible para derribar a los agentes políticos que no responden a ese marco de referencia. El acoso mediático a Manuela Carmena es el mejor ejemplo de la operación propagandística que han emprendido las diversas élites del poder.
MÁS INFORMACIÓN:
Castells, M., 1998. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2 El poder de la identidad. Madrid: Alianza.
Chomsky, N. & Herman, E. S., 2000. Los guardianes de la libertad. Barcelona: Crítica.
Todorov, T., 2012. Los enemigos íntimos de la democracia. Barcelona: Galaxia Gutemberg.
Política Crítica 
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