¿Y ahora qué? Gran coalición o segunda transición Responder

OPINIÓN: El presente artículo plantea un análisis de la situación política española post-electoral abordando la nueva realidad política y partidaria a partir de una serie diacrónica de eventos. El análisis se divide en tres partes que abordan, desde una mirada de conjunto, los movimientos tácticos de los últimos meses y las estrategias políticas puestas en escena, para finalizar con una propuesta de salida transicional que requiere de cierto sacrificio programático en el corto plazo, por parte de los actores políticos en liza.

Eduardo Alvarado Espina

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Entrada principal del Congreso de los Diputados. Fuente: E. Alvarado Espina

Tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 el escenario político quedó abierto pero no despejado. La partitocracia que ha caracterizado al sistema político español (de Carreras, 2015) parece haber dado paso a un formato parlamentario más democrático que incomoda a las formaciones políticas tradicionales. Con ello, la democracia española quedó sometida a un examen de funcionamiento que no había conocido hasta ahora. En este nuevo escenario los partidos están obligados a buscar acuerdos más allá de sus sedes partidarias, admitiendo que ceder, transigir y acordar son los verbos a conjugar. Esta realidad ha dejado fuera de lugar al Partido Popular, cuyo gobierno se ha caracterizado por hacer todo lo contrario. En tanto, los demás partidos parecen dispuestos al diálogo, aunque cada uno parapetado en su respectiva trinchera. El multipartidismo se presenta como una dinámica muy distinta al bipartidismo imperfecto, ya que la necesaria búsqueda de un acuerdo a varias bandas es opuesta a la confrontación bipolar de antaño. Ante esto, un camino de solución al atolladero sería asumir que el tiempo es de transición –una coexistencia entre lo viejo y lo nuevo– y que ese tiempo exige un gobierno amplio de coalición, colaboración y breve duración –sin el PP.

El bloqueo

La situación de bloqueo político en la que se encuentra el Congreso hace imposible un acuerdo de gobierno sin que se requiera la suma de varios partidos políticos (tres de los cuatro más votados como mínimo). La combinación PP-PSOE en una «gran coalición», aunque posible aritméticamente, no lo es desde el punto de vista político, por lo que esta opción queda descartada. El acuerdo que parece exigir la mayoría de españoles y españolas es de cambio, lo que se traduciría en la salida del PP del ejecutivo español. Esta interpretación queda meridianamente clara al observar los resultados electorales. En primer lugar, porque si los ciudadanos que votaron al PP en 2011 hubieran querido continuar con las políticas de la última legislatura lo único que tendrían que haber hecho es repetir, en número similar, la papeleta en 2015. Pero no fue así. Los conservadores perdieron más de 3 millones de votos. En segundo lugar, porque las elecciones generales del 20 de diciembre pasado pueden tener una lectura plebiscitaria. En ellas el gobierno se jugaba su continuidad. Siguiendo esta lógica, una aplastante mayoría escogió una opción distinta a la del PP, concretamente 18.134.294 votantes, frente a los 7.215.530 que optaron por el partido de Rajoy. No obstante, los populares se niegan a aceptar esta situación como lo que es, una derrota.

El bloqueo en el Congreso también encuentra una explicación institucional en el mecanismo que transforma los votos en escaños. El actual sistema electoral pervierte la representación política al facilitar que los partidos con más votos sean bonificados con más escaños de los que efectivamente les corresponde. Por ejemplo, en esta misma legislatura tanto populares como socialistas están sobrerrepresentados. El primero en 23 y el segundo en 13 escaños. En cambio, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida están infrarrepresentados en 3, 9 y 11 escaños, respectivamente. Con una representación proporcional de los votos obtenidos la aritmética permitiría, sin lugar a dudas, un acuerdo de gobierno de izquierdas. Podemos, PSOE e IU sumarían 162 escaños, los suficientes para no ser bloqueados por los votos del Partido Popular y Ciudadanos, que sólo alcanzarían 149 escaños. En este supuesto, una alianza de izquierdas sólo necesitaría la abstención de los partidos del nacionalismo periférico. Este es un contundente dato que evidencia la resistencia de los partidos que se han repartido los turnos de gobierno en los últimos 34 años, a cambiar la ley electoral. Una ley aprobada por el último gobierno franquista en 1977 y elevada a ley orgánica en 1985.

La táctica del que golpea primero gana

Esta fue la lógica que utilizó Podemos desde un comienzo, convocando a un acuerdo conjunto a PSOE e IU en el mismo momento en que Rajoy declinaba presentarse a una sesión de investidura para formar Gobierno. La escenificación de Pablo Iglesias desde el atril del Congreso de un futuro Gobierno encabezado por Sánchez y secundado por él fue el primer aviso de que la premisa sería: “el dueño de la iniciativa tendría más opciones de conseguir el objetivo de gobernar y/o salir reforzado frente a unos próximos comicios”. Sin embargo, los plazos no eran los adecuados y las formas tampoco ayudaron. Así, el PSOE –sin margen de maniobra– declinó la invitación de Iglesias, resistiéndose a liderar una coalición de Gobierno de izquierdas. No fue hasta que el Rey le encargó formar gobierno cuando Sánchez se decidió a explorar una fórmula que le permitiese llegar a la Moncloa. Y en esto los socialistas fueron suficientemente ambiguos como para dejarse agasajar. Por una parte asumían públicamente la necesidad de alcanzar un pacto con Podemos y las demás fuerzas de izquierda, pero en privado no se cerraban a negociar un programa de gobierno con Ciudadanos. Sánchez lo avisó: «hablaría con la izquierda y con la derecha». Sabían perfectamente que, en la lógica del relato táctico, aparecer con un documento escrito y compartido con Ciudadanos podría ser más beneficioso que presentarse a una votación de investidura en una coalición de izquierdas que difícilmente superaría los votos de rechazo de la derecha sin que al menos un partido «nacionalista» votara a favor y los demás se abstuvieran. Cierto es que entre los autodenominados «partidos de centro» suman menos escaños (130), pero ya sabemos que el precio es distinto al valor y en política mucho más. El precio para conseguir gobernar es muy alto, casi inasumible para el partido socialista, pero el valor de la iniciativa le generaba un plus frente a la ciudadanía, un plus del que busca conseguir réditos en caso de nuevas elecciones en junio. El relato –y la lógica– es simple: Sánchez y Rivera no dejarán de argumentar que sólo ellos construyeron un marco de «acuerdo amplio y abierto», mientras que las demás fuerzas políticas, debido a su ambición, egoísmo y sectarismo, prefirieron oponerse a dicho acuerdo. Y no se trataría de una oposición al «acuerdo por el cambio», sino que un desprecio al «bienestar de los españoles». Esta es la táctica del que golpea primero gana, asentada en la ilusión de hacer creer a la ciudadanía que PSOE y Ciudadanos –sin escaños suficientes– presentan un pacto de Gobierno, cuando lo que realmente están buscando es reposicionarse frente a unas futuras elecciones. Si de verdad el objetivo era llegar a un acuerdo con las demás fuerzas políticas, ambos partidos no habrían vetado el debate de asuntos de gran calado político, tales como el desafío independentista en Cataluña o el cuestionamiento a las medidas de ajuste neoliberal de la UE.

La teoría de juegos y la estrategia pre-electoral

El acuerdo entre Sánchez y Rivera se basa en cinco objetivos genéricos: la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política. Esta es la declaración de intenciones, mientras que la fórmula retórica que se utiliza para conseguir más aliados es que todas las injusticias sociales han sido causadas exclusivamente por la crisis, nada parece ser achacable a los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy. Así, sólo ha sido la mala fortuna económica la que se cebó con España. Esto tiene un claro objetivo, hacer aceptable el acuerdo para el PP. Aunque lo negarán en voz alta, este acuerdo no modifica un ápice las políticas de ajuste estructural así como tampoco el sometimiento al régimen neoliberal de la UE. No cuestiona el Pacto Presupuestario de la UE que entró en vigor en 2013, y que resta autonomía a los gobiernos y aleja la política económica de la rendición de cuentas democrática (Alonso, 2014). Por lo tanto, este acuerdo apunta a conseguir, sin ambages, un pacto de los partidos del tripartidismo neoliberal. Un acuerdo que resulta del total agrado de la oligarquía capitalista, tanto española como europea.

Pero PSOE y C’s parecen tener un segundo objetivo basado en la lógica de la teoría de juegos. Siguiendo el razonamiento de que todo lo que hagamos será pensando en lo que harán los demás, mientras que los otros actuarán en consecuencia a lo que crean que haremos nosotros. Ciudadanos y PSOE aparentan colaborar entre ellos para acabar con el equilibrio paralizante al que están abocados los partidos si no construyen mayorías suficientes para gobernar, pero con un grave error de cálculo. Si la intención era efectivamente buscar un acuerdo –si se quiere, un consenso– desde un supuesto centro político y no sólo una postura dialogante frente a los electores, intentar identificar al PP con Podemos, acusarlos de ser lo mismo, que «la pinza 3.0» contra el PSOE o que la izquierda es majadera por entender que no suma, ha conseguido que los votantes de los dos partidos acusados de «extremos» se ratifiquen en su elección. Porque está claro que no se pretendía, salvo un verdadero milagro, investir a Sánchez como Presidente de Gobierno, sino hacer un movimiento que les pudiera beneficiar ante una posible repetición de las elecciones. El eslogan de campaña estaría hecho: «nosotros buscamos destrabar la situación de parálisis y tener gobierno, pero fueron otros los que se opusieron en detrimento de los intereses y el bienestar de los españoles y españolas».

En síntesis, la cooperación «conyugal» entre ambas formaciones tiene el interés de conseguir unas positivas rentas electorales devenidas de una retórica del consenso sometida al pulso político de un Congreso cercado por la parálisis institucional. La constante evocación –por cierto, desinformada– a la transición, por parte de Rivera, y el abandono del discurso anti-derechas de Sánchez, son buenos indicadores del propósito electoral buscado por el PSOE y Ciudadanos. No obstante, este acuerdo también es abono para la gran coalición neoliberal.

La tesis de un pacto para una segunda transición

En la partidocracia española los partidos mayoritarios convergieron hacia el modelo de «partido cartel» (ver Katz y Mair, 2007), transformándose en entidades que viven del Estado, y actúan en el mismo, repartiéndose el botín público. Esto ha creado dinámicas que tensionan el vínculo entre representados y representantes; entre ciudadanía y partidos. También se incrementa una representación de intereses des-institucionalizada sostenida en el clientelismo y la corrupción, fenómenos que contribuyen a descontinuar la estructuración programática entre los partidos y los distintos segmentos de la sociedad (Luna, 2007). De este modo, el juego político de la democracia se ha visto suplantado por los intereses de los partidos representados en el Estado y los de las élites económicas que contribuyen a la elección de estos. Estas dinámicas se han solidificado en un sistema político que acusa cada vez más la desafección y la desconfianza de los ciudadanos. Algo que incluso ha ido mermando el apoyo hacia la democracia como «el mejor gobierno posible» (se ha regresado a niveles de legitimidad de los años noventa) y ha aumentado la insatisfacción con respecto a los resultados del proceso democrático, claramente agravados durante los últimos años de crisis económica y gobierno del PP (ver estudios 2790, 2823, 2849, 2966 y 3007 del CIS; Informe sobre la democracia en España, 2015). De esta situación los políticos deben ocuparse en la actualidad.

Para dar cuenta de los cambios políticos que evidencia la sociedad española en los últimos diez o quince años, los partidos tradicionales, que se han turnado en la gestión del gobierno desde 1982, deberían abocarse a la construcción de consensos programáticos con otras formaciones de su mismo espectro ideológico junto con asumir el estado decadente de sus prácticas políticas, tales como las apariciones pautadas en los medios, el «adjetivo ocurrente» contra el adversario, la acción clientelista, el mitin en sede parlamentaria o la rueda de prensa sin preguntas. En esta sociedad de la información, la política trasciende los muros de las instituciones instalándose en el debate cotidiano de muchos ciudadanos que están cansados de la majadería de portavoces y dirigentes empeñados en deconstruir la realidad a base de dar martillazos contra la lógica y la inteligencia colectiva. Esta nueva cultura política, que se fortalece en una marcada ruptura generacional, exige un proceso transicional pivotado entre lo nuevo y lo viejo. Pero para que así sea, el eje de un gobierno de este tipo pasa necesariamente por un pacto entre Podemos y PSOE, al cual sean invitados los demás partidos que apuestan por el cambio político. El proceso debe abocarse a cinco cuestiones claves para la sana convivencia política de la sociedad española (en las que ahondaremos en un próximo artículo). 1) Cambiar la ley electoral por otra de carácter proporcional que no tergiverse la representación de los ciudadanos; 2) blindar todos los derechos sociales para que su contenido constitucional sea garantizado en la práctica: 3) replantear las condiciones de buen socio con los demás estados miembros de la UE en lo concerniente a la desigual participación en la zona euro y las políticas de ajuste estructural; 4) dar una salida pactada a la cuestión catalana, lo que perfectamente podría convenirse en una consulta a los ciudadanos que residen en Cataluña; y 5) velar por la transparencia de todo gasto público realizando una auditoría a todas las administraciones para dar atajo y castigo al enriquecimiento ilícito, es decir, sanear las cuentas públicas y acabar con las irregularidades que facilitan la corrupción. Demás está decir que existen muchas más demandas de cambio pero, por el momento, las enumeradas anteriormente podrían ayudar a mejorar la relación de confianza entre ciudadanos y políticos que tanto requiere una buena democracia.

En términos más lúdicos, al igual que en la novela de J.R.R. Tolkien, el Señor de los Anillos, en España habría que convocar a fuerzas políticas muy dispares –recelosas entre sí– para poder conformar una opción de cambio político capaz de implementar grandes transformaciones en el campo político, social, cultural y económico durante un período no superior a dos años. Esa sería «la misión» y ese el tiempo requerido. Una vez finalizada –en el plazo acordado– se convocarían nuevas elecciones y cada cual debería escoger su camino a partir de ese momento. Claro está que en esa «Comunidad» no cabe el PP. De hecho, utilizando el lenguaje propio de este tipo de novelas, los populares tendrían que asumir el rol del «enemigo a vencer», con una gran diferencia entre el enemigo de ficción y el real: en las novelas de aventuras el enemigo cuenta con poderosos aliados, mientras que Rajoy no tiene a nadie que le acompañe. En esta «misión» tendrían que confluir PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y Compromís, contando con la colaboración de PNV, Bildu y otros.

Si esta idea no prospera se instalaría la propuesta que las oligarquías capitalistas desean materializar: la gran coalición. Un tripartito que jamás desafiaría el poder del gran capital y que actuaría como un cuerpo político en la defensa de los intereses de las corporaciones privadas, incluyendo los de sus agentes corruptores. Sin duda que esta sería la mejor forma de pervertir el resultado político que arrojaron las elecciones y de perjudicar, aún más, el pobre desempeño de la democracia española. De no suceder ni lo uno ni lo otro, los ciudadanos estarán nuevamente convocados a ejercer, en ese breve espacio soberano que la constitución les confiere, el derecho a sufragio en unas nuevas elecciones generales.

¿Habrá voluntad para crear un gobierno de corte transicional? ¿Se impondrá la gran coalición en la que Ciudadanos haga de bisagra? La incógnita deberá ser despejada antes del 2 de mayo. Si no es así, la ciudadanía volverá a encontrarse con las urnas a la luz del solsticio de verano.

Más información:

Alonso, S., 2014. «Votas pero no eliges»: la democracia y la crisis de la deuda soberana en la eurozona. Recerca, Issue 15, pp. 21-53.

Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009. Calidad de la democracia (II). Estudio 2790, Madrid: CIS.

Centro de Investigaciones Sociológicas, 2012. Barómetro Noviembre. Estudio 2966, Madrid: CIS.

Centro de Investigaciones Sociológicas, 2013. Latinobarómetro (XIV). Estudio 3007, Madrid: CIS.

de Carreras, F., 2015. Cerco a la democracia, Madrid: El País.

Fundación Alternativas, 2015. Informe sobre la democracia en España. Reformular la política. Madrid: La Catarata.

Katz, R. S. y Mair, P., 2007. La supremacía del partido en las instituciones públicas: el cambio organizativo de los partidos en las democracias contemporáneas. En: Partidos políticos. Viejos conceptos y nuevos retos. Madrid: Trotta, pp. 101-125.

Luna, J. P., 2007. Representación política en América Latina: el estado de la cuestión y una propuesta de agenda. Política y Gobierno, XIV(2), pp. 391-435.

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