Lo que suceda el 1-O en Catalunya no hará más que acentuar los anhelos independentistas, se realice o no el referéndum; se imponga o no la hoja de ruta de los partidos que apuestan por la secesión. También será el momento en que la guerra de posiciones se consume mediante el choque de legitimidades del poder democrático: legalidad y voluntad popular.
El relato de los partidos políticos y asociaciones civiles independentistas se basa en dos discutibles supuestos. El primero, desde el cual se justifica el derecho a decidir, es que el Estado español ha sometido y relegado históricamente a los catalanes. El mensaje de “España nos roba e impide que la voluntad de la mayoría se exprese” ha calado en un gran número de ciudadanos, gracias también a la inestimable e interesada colaboración de ese franquismo sociológico que caracteriza al PP.
El segundo, es la afirmación de que existen preceptos del derecho internacional que brindan cierto halo de legitimidad a la vía escogida para el referéndum, por encima de la Constitución. En este sentido, la apelación al derecho a la autodeterminación se lleva la palma por su banalización. Un derecho que sólo aplica cuando los derechos humanos de un pueblo son conculcados por una fuerza nacional o extranjera cuyo territorio ha sido ocupado –colonizado. ¿Es sensato señalar que esta es la realidad objetiva de Catalunya? Si se pensara que sí, entonces cabría preguntarse ¿en qué se parece esa realidad a la del pueblo saharaui, palestino o kurdo?
Ahora bien, más allá de estos supuestos, hay aspectos que sustentan la causa independentista, como la mayoritaria identidad nacionalista-soberanista de los catalanes o la mutilación del Estatut, que había sido ratificado por la ciudadanía catalana, por parte del Tribunal Constitucional en 2010.
Si se repara en el comportamiento político de las diecisiete comunidades autónomas en que se divide el Reino de España, sólo dos de ellas tienen una poderosa expresión política nacionalista, Euskadi y Catalunya. En ambos territorios, a diferencia de todos los demás, los gobiernos de partidos con presencia estatal han sido la excepción. Tanto el PNV como CiU prácticamente han monopolizado el poder durante cuatro décadas. A esto se agrega que en las últimas elecciones generales el partido que gobierna España –en minoría– sólo obtuvo el 13% de los votos en ambos territorios. Siendo así ¿no es una necedad negar o siquiera discutir la realidad cultural y política distintiva de catalanes y vascos a la hora de explicar su relación con el Estado?
Por otra parte, el constante incremento del porcentaje de personas que apoyarían la independencia de Catalunya obedece más a un desafío político contra el partido que ha negado sistemáticamente la identidad catalana, que a un sentimiento sedimentado y unívoco de un pueblo. Un desafío que no se explica sin aquel despropósito que fue recortar los aspectos más sustanciales del Estatut Catalán. De ahí en adelante, el sentido común de muchos catalanes comenzó a virar progresivamente desde el autogobierno hacia la rebeldía política que hoy simboliza un referéndum por la independencia.
Pues bien, todos estos elementos han acabado dibujando un contorno dicotómico en la disputa por la democracia. Por un lado está la legitimidad legal y, por otro, la legitimidad de la voluntad popular. El resultado es una confrontación entre quienes dicen representar las reglas del juego vigente (Gobierno de España) y los que alegan representar la opinión pública mayoritaria (Generalitat y Parlament). ¿Pero cómo entender estas legitimidades de cara al 1-O?
De legitimidades enfrentadas
Para que la voluntad popular sea legítimamente democrática, debe reflejar sin ambages el consentimiento de la ciudadanía. Para ello ha de cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que ser inclusiva. Esto es, “amigos y enemigos” comparten fórmulas y procedimientos para resolver sus conflictos. Aceptar la unilateralidad de las decisiones que incumben a más de dos actores políticos antagónicos hace impracticable la democracia.
En segundo lugar, la voluntad popular debe ser el resultado de un proceso electoral libre, secreto, justo y limpio. Es decir, para que una votación tenga legitimidad y vigor democrático debe garantizarse que todas las partes en conflicto cuenten con las mismas posibilidades de informar y controlar la puesta en marcha del proceso. Un proceso que, además, debe ser transparente.
Hoy por hoy, las decisiones que pueda adoptar el poder político catalán, en este plano, carecen de esa legitimidad.
Respecto a la legitimidad de la legalidad, ésta no es exclusivamente la capacidad coercitiva que tiene el Estado para hacer cumplir las leyes. La legalidad también implica el voluntario consentimiento de quienes deben hacer cumplir las leyes y de quienes deben cumplirlas. Lo primero es una función que corresponde desempeñar a jueces y policías dentro del marco constitucional. Lo segundo atañe a la convicción de los individuos de que cumplir la norma es más beneficioso que infringirla.
En el contexto actual, en Catalunya el consentimiento a la vía legal del Estado muestra una alta fragilidad, si se considera que sobre el 60% de la población señala que concurrirá a votar y más de 700 alcaldes señalan que no acatarán la resolución del tribunal constitucional. Uno de los principales motivos de que esto sea así es de carácter ético. El partido que encabeza esta vía es el mismo que está considerado judicialmente una “organización criminal”; el que implementa una amnistía fiscal inconstitucional; el que se jacta de no aplicar la ley de la memoria histórica; o el que utiliza la Fiscalía General para fines políticos. ¿Puede, quién no cumple con las leyes, exigir que otros lo hagan?
De esta manera, y ante la utópica ciudad de los dioses que ofrecen los partidos independentistas, el Gobierno sólo responde con la España distópica de la represión, la amenaza jurídica y el chantaje económico.
El referéndum pactado como salida política
Aunque la salida política es de compleja implementación, hay que contemplar, con cierta dosis de realismo, la posibilidad de un referéndum negociado entre los representantes de la soberanía popular de España y Catalunya. Una posibilidad que redirigiría legalidad y voluntad popular en la misma dirección. Esto no implica aceptar de entrada los presupuestos y objetivos de los independentistas, sino retomar un debate político que sirva para recuperar a soberanistas y federalistas, quienes prefieren el autogobierno a la secesión.
Pero celebrar un referendo con garantías implica acordar un umbral mínimo de participación y un criterio de mayoría cualificada para que el resultado sea vinculante para todas las partes. Una fórmula que requiere de un sentido común compartido, además de un alto grado de racionalidad. Así, por ejemplo, un referéndum de este calado no podría considerar una participación inferior a la que se produjo en 1978 para el referéndum que ratificó la Constitución (70%), ni la independencia una aprobación que no se acerque a la obtenida por dicha constitución (90%).
De este modo, cuando por la vía democrática se persigue romper con el marco jurídico de un Estado para crear uno nuevo, el principio rector no puede ser otro que el que la legitimidad de dicho cambio pase necesariamente porque el nuevo régimen tenga un apoyo popular equivalente al de su predecesor. No se pueden seguir atajos como la ruptura unilateral, la cual, por lo demás, resulta inviable para una Catalunya que carece de poder duro –fuerza militar– para imponerse. Un Estado que no cuenta con lo uno ni lo otro sólo es una entelequia.
Pero ningún avance en esta dirección será posible si continúa gobernando Rajoy, con el cínico apoyo de C’s. Un Gobierno que no cuenta con un relato alternativo que enfrente a la ilusión de la “república catalana”. Y lo que es aún peor, no lo tendrá, ya que la idea que define a la derecha es la defensa del statu quo, generalmente a través del miedo y la amenaza.
De seguir todo igual, lo que suceda el 1-O en Catalunya no hará más que acentuar los anhelos independentistas, se realice o no el referéndum; se imponga o no la hoja de ruta de los partidos que apuestan por la secesión. También será el momento en que la guerra de posiciones se consume violentamente mediante el choque de legitimidades del poder democrático: legalidad y voluntad popular.
En definitiva, dejando a un lado las interpretaciones maniqueas y exageradas de ambos bandos, de no haber alternativa a este enfrentamiento acabará ensanchándose aún más la brecha entre élites políticas y democracia y, con ello, se hará irreversible la fractura territorial.
Política Crítica 
Habiendo leído tus artículos, se puede constatar tu entendimiento plenamente racional a la sinrazón política que vive España. Muy adecuado el «remake dictatorial o la mayoría de la minoría». Si bien, sería de agradecer un punto de vista plenamente objetivo, ya que conociendo y expresándote tan bien con respecto a la política, se ve de qué pié cojeas y da lástima, ya que no deberías tomar partido, sino ser completamente objetivo para ser exacto en tus apreciaciones. Aún así, se agradece que plasmes por escrito aquello que, quizás en un futuro, se estudie como los «errores de la predemocracia».